Conflicto laboral en una fábrica de Tortuguitas por despidos durante un preventivo de crisis

La planta de Lustramax, ubicada en Tortuguitas, atraviesa un fuerte conflicto laboral luego del despido de 29 trabajadores en el marco de un Preventivo de Crisis habilitado por la provincia. Delegados y empleados cuestionan la legalidad de las desvinculaciones y sostienen que la empresa no atraviesa una situación económica que justifique la medida.

Desde el cuerpo de delegados señalaron que la actividad productiva se desarrolla con normalidad. "La mercadería sale, los camiones siguen distribuyendo y no hay señales de una caída real de la producción", sostuvo Leandro, delegado de la planta, al referirse a la situación interna de la compañía.

Según explicaron, la normativa vigente establece que no pueden realizarse despidos mientras el expediente del preventivo se encuentra bajo análisis del Ministerio de Capital Humano. En ese sentido, denunciaron que la empresa avanzó con las cesantías pese a haber sido advertida de esa prohibición.

"Desde la Secretaría nos confirmaron que no se puede despedir durante el proceso. Por eso entendemos que lo que está haciendo la empresa es ilegal", afirmó el representante sindical.

Reclamos salariales y denuncias de represalias

Los trabajadores vinculan el inicio del conflicto con una serie de reclamos económicos que la empresa no habría cumplido. Entre ellos mencionan cuatro meses de deuda con la obra social, parte del aguinaldo impago y un bono acordado en diciembre que no fue abonado.

En ese marco, denunciaron que los despidos funcionan como una represalia directa frente a esos reclamos. "La respuesta de la empresa fue echar compañeros", señalaron.

Además, indicaron que empleados administrativos, encuadrados en el convenio de Comercio, habrían recibido presiones para aceptar indemnizaciones a la baja, con propuestas de pago del 50% y en cuotas diferidas.

Asamblea, policía y máxima tensión

La situación se agravó durante una asamblea dentro de la planta, en la que los trabajadores resolvieron de manera unánime defender todos los puestos de trabajo, tanto efectivos como contratados, y rechazar cualquier despido.

Durante esa jornada, la empresa solicitó la presencia policial con el objetivo de dar por finalizada la asamblea. Según relataron los delegados, la maniobra fue interpretada como un intento de amedrentamiento, aunque la medida gremial se sostuvo.

Más tarde intervino la DDI, que intentó abrir una instancia de diálogo. Desde el sector laboral reiteraron su postura y calificaron los despidos como persecutorios y con prácticas antisindicales.

Mientras el Proceso Preventivo de Crisis continúa en evaluación, los trabajadores de Lustramax mantienen el estado de alerta y asamblea permanente, con un reclamo central: reincorporación de los despedidos, pago de las deudas salariales y respeto a la legislación laboral vigente.