Controladores aéreos: vence la conciliación obligatoria y vuelve a tensarse la negociación salarial

Este viernes vence la conciliación obligatoria dispuesta por la Secretaría de Trabajo en el conflicto que enfrenta a la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA) con la Asociación de Técnicos y Empleados de Protección y Seguridad a la Aeronavegación (ATEPSA), el gremio que representa a los controladores aéreos. La finalización de ese plazo reabre un escenario de tensión que podría derivar en nuevas medidas de fuerza.

La tregua administrativa, vigente desde el 23 de diciembre, logró frenar un esquema de protestas anunciado por el sindicato, pero no permitió resolver el eje central del conflicto: la discusión salarial. Ante ese panorama, EANA confirmó la realización de una nueva audiencia de negociación y dejó abierta la posibilidad de solicitar una prórroga de la conciliación por cinco días hábiles adicionales.

Un conflicto que se mantiene abierto

Desde la empresa estatal señalaron que continúan trabajando para alcanzar un entendimiento que garantice la normal operación del sistema aerocomercial. Sin embargo, en comunicados oficiales cuestionaron con dureza la postura del gremio y atribuyeron las medidas de fuerza a una supuesta estrategia de presión que excede la discusión paritaria.

Del lado sindical, el malestar se acumula desde hace meses. A lo largo de 2025, ATEPSA impulsó distintas acciones de protesta ante la falta de avances en la negociación salarial. En julio, una conciliación obligatoria evitó un paro en vacaciones de invierno, mientras que en agosto se concretaron tres jornadas de huelga a nivel nacional.

Tras un acuerdo transitorio que incluyó una recomposición del 15% en cuatro tramos, el conflicto volvió a escalar en noviembre con protestas focalizadas en vuelos de carga y la suspensión de capacitaciones y tareas técnicas.

Escalada y judicialización

En diciembre, las medidas alcanzaron a los vuelos de pasajeros durante dos jornadas, lo que motivó la actual conciliación obligatoria que ahora llega a su fin. En paralelo, el conflicto sumó un capítulo judicial: la Justicia Federal investiga la presunta existencia de un acta paritaria de fines de 2023 con aumentos proyectados para 2024 que no figurarían en los registros oficiales de la empresa.

También se analizan denuncias vinculadas a presuntas fallas en la seguridad operacional, un punto sensible en un sector considerado estratégico.

Un escenario sensible para el Gobierno

Con el vencimiento del plazo administrativo, el Gobierno enfrenta una situación compleja. Mientras sostiene una política de ajuste y contención del gasto, el funcionamiento del transporte aéreo depende de trabajadores altamente calificados y de difícil reemplazo.

La falta de un acuerdo salarial mantiene latente la posibilidad de un nuevo conflicto en un momento clave del calendario, con alto movimiento de pasajeros y fuerte impacto económico.