Desalojo en Parque Avellaneda dejó sin trabajo a más de 200 recuperadores urbanos

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires llevó adelante un desalojo en un predio de Parque Avellaneda donde funcionaba una cooperativa de recuperadores urbanos, una medida que dejó a más de 200 personas sin su fuente de ingresos y encendió el conflicto con organizaciones sociales y sindicales.

El operativo se realizó el miércoles y estuvo a cargo de agentes de Espacio Público y la Policía porteña, quienes intervinieron en el predio ubicado debajo de la autopista Perito Moreno, sobre la calle Ameghino al 1000. En el lugar desarrollaba sus tareas la cooperativa El Amanecer de los Cartoneros, vinculada al Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE).

Impacto en el reciclado urbano

Según señalaron desde la organización, en ese espacio se realizaban tareas clave para el recupero y reciclado de residuos, con un volumen que superaba las 100 toneladas mensuales de materiales reutilizables, procesados por recuperadores urbanos, operarios y personal técnico.

La cooperativa funcionaba en el predio desde hace más de una década y, de acuerdo a sus voceros, había sido autorizada originalmente por el propio Gobierno porteño. El desalojo, advirtieron, no solo elimina puestos de trabajo sino que también afecta una parte central del sistema de reciclado urbano, especialmente en lo vinculado a residuos textiles y secos.

La postura oficial

Desde la gestión de Jorge Macri, el procedimiento fue presentado como una acción de recuperación del espacio público. El jefe de Gobierno sostuvo que el terreno se encontraba ocupado de manera irregular y calificó la situación como una "usurpación", afirmando que el predio fue finalmente "liberado".

En línea con declaraciones previas, la administración porteña volvió a cuestionar el funcionamiento de cooperativas vinculadas a organizaciones sociales, a las que acusa de contar con supuestos privilegios. En ese marco, ya se habían aplicado recortes en el financiamiento del traslado de recuperadores urbanos y modificaciones en los esquemas de apoyo estatal.

Rechazo sindical y posibles medidas

La decisión generó rechazo inmediato por parte de organizaciones sindicales y sociales, que denunciaron un proceso de precarización laboral en un sector atravesado por la informalidad y golpeado por la crisis económica.

Desde el MTE remarcaron que el desalojo expone a cientos de familias a una situación de extrema vulnerabilidad y anticiparon que no descartan medidas de fuerza para visibilizar el conflicto y exigir respuestas.

Un conflicto que se inscribe en un escenario más amplio

El episodio se suma a otros reclamos laborales en la Ciudad. En noviembre pasado, la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) Capital había impulsado movilizaciones para exigir la reapertura de paritarias y mejoras salariales, sin obtener respuestas por parte del Ejecutivo porteño.

Desde el sindicato advirtieron que, mientras la crisis económica se profundiza, las condiciones laborales se deterioran y miles de trabajadores quedan sin llegar a fin de mes. Entre los reclamos figuran aumentos salariales, regularización del empleo precarizado y la incorporación de personal para garantizar el funcionamiento de los servicios públicos.

El conflicto por el desalojo en Parque Avellaneda reabre así el debate sobre el rol del Estado en las políticas de reciclado urbano y el destino de quienes sostienen esa tarea en condiciones laborales frágiles.