31/08/2026
Los datos fueron elaborados por el Centro de Economía Política Argentina (CEPA) a partir de registros de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo. Según ese relevamiento, el número de trabajadoras registradas pasó de 629.660 a 599.527 durante el período analizado.
La caída equivale a una pérdida promedio de más de 33 empleos formales por día.
El retroceso de la registración se produce sobre una actividad que históricamente presenta elevados niveles de informalidad.
Un relevamiento de EcoFeminita, realizado sobre información de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) del INDEC, determinó que el 77,5% de las trabajadoras de casas particulares no realiza aportes jubilatorios.
La falta de registración no sólo impacta sobre el salario. También deja a las trabajadoras fuera de derechos y beneficios vinculados al empleo formal, como vacaciones pagas, aguinaldo, obra social y distintas coberturas laborales.
El panorama se completa con una fuerte presencia de jornadas reducidas. Si bien algo más de la mitad de las trabajadoras cumple entre 35 y 45 horas semanales, cerca de un tercio se encuentra en situación de subocupación.
Los ingresos constituyen otro de los principales problemas de la actividad. El salario promedio se ubica alrededor de los $338.700 mensuales, mientras que el 50% de las trabajadoras percibe menos de $300.000.
La situación tiene un impacto particularmente importante debido al rol económico que cumplen dentro de sus hogares: casi cuatro de cada diez trabajadoras de casas particulares son el principal sostén de sus familias.
La pérdida de poder adquisitivo de los hogares empleadores también aparece como uno de los factores que explican la contracción del empleo. Ante el aumento de los gastos, algunas familias redujeron las horas contratadas, mientras que otras directamente prescindieron del servicio.

El empleo en casas particulares atraviesa uno de sus períodos más delicados en la Argentina.
Desde el Sindicato de Trabajadoras de Casas Particulares (SINPECAF) alertaron sobre el deterioro de las condiciones laborales y cuestionaron la evolución de los salarios.
La secretaria general del gremio, Ana Altamirano, describió el impacto de la situación económica sobre las trabajadoras y señaló que los ingresos del sector aumentan a un ritmo que considera insuficiente frente al incremento del costo de vida.
La dirigente también apuntó contra las dificultades para avanzar en la registración laboral y cuestionó las políticas implementadas durante la actual gestión de Javier Milei.
Altamirano sostuvo que el Gobierno no consiguió mejorar los niveles de registración y comparó la situación con las políticas aplicadas durante la administración anterior, a las que atribuyó avances en la incorporación de trabajadoras al empleo formal.
Los indicadores reflejan una combinación de problemas que afecta especialmente a las trabajadoras de casas particulares: menos puestos registrados, elevada informalidad, ingresos bajos y subocupación.
La desaparición de más de 30 mil empleos formales en poco más de dos años y medio profundiza las dificultades de una actividad caracterizada históricamente por altos niveles de informalidad y por una fuerte presencia femenina.
El escenario plantea además un desafío para las políticas laborales: recuperar los puestos registrados perdidos y ampliar la formalización de quienes continúan trabajando sin acceso pleno a los derechos que establece la legislación laboral.
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