El Gobierno argentino, a través del ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, celebró públicamente la eliminación de 2.800 puestos de trabajo en el sector público durante el mes de mayo, como parte del plan oficial para reducir el tamaño del Estado y el gasto público.
"Sigue la motosierra. Recordemos que cada peso que ahorra el Estado es un peso menos de impuestos que pagamos los ciudadanos. Ya vamos por un ahorro anual de USD 2.000 millones. Por eso la motosierra es tan popular", sostuvo el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger.
El ministro Sturzenegger compartió los datos este viernes en redes sociales y medios oficiales, destacando que los despidos se enmarcan en la política de "reestructuración profunda del Estado" impulsada por la administración del presidente Javier Milei. Con estas nuevas desvinculaciones, el número total de empleos públicos eliminados en lo que va del año supera los 25.000, según cifras del propio gobierno.
"Seguimos avanzando en la eliminación de estructuras innecesarias y organismos duplicados. Cada puesto recortado es un paso más hacia un Estado más ágil, eficiente y al servicio del ciudadano", expresó Sturzenegger en un comunicado difundido por el Ministerio de Desregulación.
La noticia generó reacciones divididas: mientras sectores alineados con el gobierno celebran la medida como un avance en la lucha contra el déficit fiscal y el "Estado elefantiásico", sindicatos y organizaciones de trabajadores estatales denunciaron el impacto social de la medida, alertando sobre despidos arbitrarios, pérdida de capacidad operativa en áreas clave y deterioro de servicios públicos.
Desde ATE (Asociación de Trabajadores del Estado) advirtieron que se preparan nuevas jornadas de protesta para rechazar el "ajuste brutal" que -según denuncian- recae sobre los trabajadores y las funciones esenciales del Estado.
Economistas cercanos al oficialismo sostienen que estas políticas forman parte del "shock de eficiencia" propuesto por Milei desde su campaña, aunque otros especialistas alertan sobre los riesgos económicos y sociales de un ajuste excesivamente veloz.
La medida forma parte del paquete de reformas estructurales que incluye el DNU de desregulación, la llamada Ley Bases y una nueva estructura estatal más reducida que busca, según el Ejecutivo, impulsar la inversión privada y reducir el gasto público de forma drástica.
