A raíz de esta oficialización, los sindicatos aeronáuticos han advertido que recurrirán a la Justicia para intentar revertir la situación, anticipando que el conflicto con Aerolíneas Argentinas y el Gobierno "se va a agravar".
La disposición fue publicada en el Boletín Oficial mediante los decretos 825 y 831, los cuales establecen que, según el Comité de Libertad Sindical de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), es legítimo exigir un servicio mínimo en sectores cruciales para el país.
Esto aplica especialmente en huelgas que, por su duración o magnitud, puedan causar daños irreversibles, poner en riesgo la seguridad pública o generar consecuencias graves para la nación.
Por su parte, el titular de APLA, Pablo Biró, afirmó en Radio Mitre: "Es una medida ilegítima, ilegal, vamos a recurrir a Justicia local, a la OIT, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). El derecho de huelga es fundamental, solo puede estar regulado cuando estén en peligro bienes superiores, como la vida o la salud".
El sindicalista también advirtió que el conflicto "se va a agravar", rechazando las acusaciones de paros salvajes y encubiertos, argumentando que "un paro es un derecho de huelga, fundamental, único medio legítimo para defender nuestros intereses, en reclamo de aumentos salariales"
Los decretos están firmados por el presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete Guillermo Francos, y los ministros Sandra Pettovello (Capital Humano) y Luis Caputo (Economía).Los considerandos de los decretos señalan que la interrupción del servicio aéreo comercial puede "generar consecuencias graves" para el país, poniendo en peligro la seguridad o salud de la población, afectando el suministro de insumos esenciales, y obstaculizando la conectividad y el comercio tanto local como internacional.
Además, subrayan que la paralización de este servicio impacta en toda la cadena de valor del transporte aéreo y en diversas industrias que dependen directamente de este medio para su desarrollo normal.
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