La CGT busca apoyo de gobernadores para frenar la reforma laboral que impulsa el Gobierno

La CGT comenzó a mover sus fichas ante el avance de la reforma laboral que prepara el gobierno de Javier Milei, y este miércoles el triunvirato cegetista mantuvo un encuentro clave con los gobernadores Martín Llaryora, Maximiliano Pullaro e Ignacio Torres, referentes del bloque Provincias Unidas. La conducción sindical sabe que, tras la reconfiguración parlamentaria y la fuga de legisladores de Unión por la Patria, el oficialismo tiene un escenario más favorable para impulsar cambios en la legislación del trabajo, por lo que busca construir un dique político que limite los aspectos más regresivos del proyecto.

Según confirmaron fuentes gremiales, la reunión estuvo centrada en fijar una serie de puntos intocables antes del debate legislativo, entre ellos la ultraactividad, una herramienta que garantiza la continuidad de los convenios colectivos mientras se negocian nuevas versiones. La CGT considera que cualquier intento de eliminar o reducir este principio constituiría un retroceso directo en los derechos laborales.

En paralelo, un informe de la consultora La Sastrería expone el peso político de los mandatarios provinciales: el bloque Provincias Unidas contará con 22 diputados y 12 senadores, una cifra que coloca a estos gobernadores en lugar de árbitros en discusiones legislativas sensibles. La central obrera apuesta a ese armado para bloquear los artículos más duros del borrador oficial.

Las preocupaciones respecto de la reforma están encabezadas por los cosecretarios generales Cristian Jerónimo y Jorge Sola, quienes cuestionaron que la iniciativa se impulsa sin una instancia real de diálogo. Jerónimo, titular del Sindicato del Vidrio, afirmó que la CGT no acompañará "ningún cambio que implique un retroceso" y denunció que los puntos conocidos hasta ahora surgen de "estudios jurídicos afines al sector empresario", lo que anticipa un proyecto "completamente regresivo".

Sola, del Sindicato del Seguro, reforzó esa mirada al señalar que lo conocido hasta ahora son "versiones extraoficiales" y que el Gobierno citó a la central para "hablar del tema, pero sin una mesa formal de negociación". El dirigente advirtió que ganar una elección "no habilita a avanzar sin límites" sobre derechos establecidos y subrayó que, antes de modificar la legislación laboral, el país necesita una reforma impositiva que permita ordenar la estructura productiva.

Ambos dirigentes hicieron hincapié en la importancia de los convenios colectivos, que consideran una herramienta eficaz para actualizar condiciones laborales según cada actividad. La CGT puso como ejemplos los acuerdos recientes en los sectores petrolero y automotriz, considerados modelos de negociación moderna con resultados positivos.

Con el Gobierno ultimando el texto definitivo y el Congreso preparándose para sesiones extraordinarias, la central obrera acelera sus contactos para evitar que avance un proyecto que -según advierten- tiene un fuerte sesgo ideológico y carece de pragmatismo en un contexto económico crítico. La disputa promete convertirse en una de las principales tensiones políticas de las próximas semanas, con la CGT, los gobernadores y el oficialismo midiendo fuerzas en un terreno decisivo para el futuro de las relaciones laborales en la Argentina.