01/11/2024

En movilización

La jueza María Servini sobresee a once detenidos en protestas contra la Ley de Bases

La justicia da de baja once causas penales por protestas contra la ley bases.

La jueza federal María Servini decidió este viernes sobreseer a once personas detenidas con causas penales en el marco de las protestas contra la controvertida "Ley de Bases". Estas manifestaciones, realizadas en varios puntos de la ciudad, fueron recibidas con una respuesta policial que resultó en numerosos arrestos y acusaciones de violencia por parte de los manifestantes.

El sobreseimiento fue argumentado por Servini bajo la falta de pruebas suficientes que demuestren la participación directa de los detenidos en actos violentos o en daños a la propiedad. Según fuentes judiciales, la jueza analizó grabaciones y testimonios de la protesta, concluyendo que no existía justificación suficiente para mantener las causas abiertas. De hecho la jueza resolvio "I. Sobreseer a Santiago Lautaro Adano, Gabriel Horacio Famulari, Nora Edith Longo, Mía Pilar Ocampo, Belén Yanina Ocampo, Remigio Ocampo, Matías Leonel Ramírez, María de la Paz Cerruti, Rubén Martín Dirroco, Mateo Emilio D'ettore, Germán Morano (...)".

La Ley de Bases, recientemente aprobada en el Congreso, ha generado amplias críticas y movilizaciones, especialmente en sectores de la oposición y organizaciones civiles que consideran que atenta contra derechos sociales y laborales. Durante las protestas, decenas de personas fueron detenidas, y en redes sociales circularon numerosos videos que muestran un uso de la fuerza por parte de las autoridades, lo que ha desatado un debate sobre el límite de la represión y los derechos a la libre manifestación.

Con el sobreseimiento, se espera que los manifestantes queden en libertad en las próximas horas, mientras que otros aún permanecen en espera de decisiones judiciales. La jueza Servini, por su parte, ha pedido a las autoridades policiales que proporcionen informes detallados sobre los procedimientos llevados a cabo en las protestas para evaluar posibles irregularidades.

La situación sigue generando controversia y expectativas de nuevas movilizaciones en contra de la ley, mientras grupos civiles han anunciado que continuarán exigiendo la derogación de la norma.

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