Un fallo judicial volvió a poner en el centro de la escena la Ley de Financiamiento Universitario y abrió un nuevo frente de tensión entre el Gobierno nacional y los gremios del sistema de educación superior. La Justicia ordenó suspender el decreto presidencial que paralizaba la aplicación de la norma, aprobada por el Congreso tras la insistencia legislativa, y dispuso que el Poder Ejecutivo cumpla de manera inmediata con la actualización de partidas destinadas a salarios docentes y becas estudiantiles.
La resolución fue dictada por el Juzgado Contencioso Administrativo Federal N°11, que hizo lugar a una medida cautelar presentada por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN). En su fallo, el magistrado consideró que el decreto que frenaba la ley presenta, en principio, rasgos de "arbitrariedad e ilegalidad manifiesta", al contradecir una norma sancionada conforme a los mecanismos previstos en la Constitución Nacional.
La decisión judicial llega en un contexto de fuerte conflicto en el sector universitario. Días atrás, los gremios que integran el Frente Sindical de Universidades Nacionales advirtieron que, si la ley no se aplica en su totalidad, no estarían garantizadas las condiciones para el inicio del ciclo lectivo 2026. En paralelo, se multiplicaron las presentaciones judiciales para forzar el cumplimiento de la norma.
En los fundamentos del fallo, el juez sostuvo que la insistencia del Congreso impone al Ejecutivo una obligación concreta de ejecución, y que no resulta admisible suspender la aplicación de una ley mediante una norma de menor jerarquía. También destacó la existencia de un daño grave y actual, vinculado al deterioro salarial y al financiamiento del sistema universitario, que justifica la adopción de una tutela urgente.
Expectativa y cautela sindical
La resolución fue celebrada por los sindicatos docentes y nodocentes, aunque con cautela. Desde la Federación de Docentes de las Universidades (FEDUN) remarcaron que, al tratarse de una medida cautelar, su aplicación debe ser inmediata, y reclamaron que el Gobierno acate la orden judicial sin dilaciones.
Sin embargo, en el sector persisten dudas sobre la reacción del oficialismo. Dirigentes sindicales señalaron que el Ejecutivo ya ha desconocido normas votadas por el Congreso y fallos judiciales anteriores, por lo que exigen señales concretas de cumplimiento. La puesta en vigencia plena de la ley permitiría, entre otros puntos, recomponer salarios mediante paritarias actualizadas y garantizar recursos básicos para el funcionamiento de las universidades.
Desde gremios de base también destacaron que el fallo revierte la estrategia oficial de congelamiento salarial y recorte presupuestario, que incluyó la suspensión de negociaciones colectivas y una fuerte reducción de becas y gastos operativos. Para el sindicalismo universitario, la medida judicial representa un paso clave en la defensa del sistema público de educación superior.
Salarios en caída libre
El fallo coincide con la difusión de un nuevo informe elaborado por FEDUN y un centro de estudios especializado, que confirma que la caída salarial en las universidades se sigue profundizando. Según el relevamiento, desde el inicio del actual gobierno los salarios docentes y nodocentes perdieron más de 30 puntos en términos reales, producto de aumentos muy por debajo de la inflación acumulada.
El informe advierte que el poder adquisitivo del sector se encuentra en niveles inferiores a los registrados a comienzos de la década del 2000, y que la masa salarial perdió en dos años una cifra millonaria medida a valores constantes. Además, señala que el Presupuesto 2026 profundiza el ajuste, con una nueva caída real del financiamiento universitario y una reducción sostenida de la inversión en relación al PBI.
Con la cautelar vigente, el escenario queda abierto. Mientras la Justicia ordena aplicar la Ley de Financiamiento Universitario, los gremios redoblan la presión para que el Gobierno obedezca el fallo y garantice recursos, salarios y continuidad académica. La respuesta oficial será clave para definir si el conflicto se encamina a una solución o escala hacia un nuevo ciclo de medidas de fuerza en las universidades.
