Ley Massalin: Tercera Temporada

La ley ómnibus que está en el Congreso ha generado una puja de sectores enorme. Así encontramos a los sindicatos cegetistas ultimando el paro del 24, a industriales impulsando reformas laborales, hay aumentos de tarifas e impuestos en danza, incluso temas culturales que defienden a diario actores o cineastas. En ese gigantesco entramado de tensiones políticas, el sector del tabaco también juega su partido, porque el proyecto enviado por Ortiz Batalla/Sturzenegger incluye varios artículos que modifican el aspecto impositivo de los cigarrillos, donde Massalin acomoda su plan de negocios en el país por tercera vez y el Estado recaudando menos impuestos al tabaco (recordemos las versiones de leyes Massalin 2009 y 2017 con la ayuda del macrismo).

Los artículos de esa ley ómnibus incrementan engañosamente alícuotas, eliminan el llamado 'impuesto mínimo' por envase que había impuesto la gestión de Mauricio Macri, pero deja al Poder Ejecutivo sin la potestad de aumentar o disminuir el monto de impuesto de manera puntual, al tiempo que reabre el negocio de los vapeadores o cigarrillos electrónicos y tabaco calentado, que habían sido prohibidos en 2011 y 2022, aplicándoles un impuesto de solo el 25%, un gravamen que a juicio de la nacional Tabacalera Sarandí se fija "a la medida de lo que piden las grandes tabacaleras multinacionales. Es como la historia de Robin Hood pero a la inversa".

Tabacalera Sarandí llevó el tema a la Justicia Penal, acusa al Gobierno de favorecer a Massalin y el tema quedó en el Juzgado de Ariel Lijo, que habilitó la feria para tratarlo y pidió a Diputados la remisión en copia de la totalidad del articulado y de las partes pertinentes del "Proyecto de Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos" relacionadas con el rubro tabacalero. También solicitó información sobre la Comisiones parlamentarias que intervienen en el tema.

"Nosotros hemos mantenido por muchos años un juicio con AFIP por la no aplicación del impuesto mínimo, por eso obviamente apoyamos la derogación (como hace la ley ómnibus), pero no el delirio de la creación de una burocracia para cuidarle el mercado a Massalin, mediante una suerte de 'Gestapo' en el Ministerio de Salud, un área que está para otra cosa y que iría en contra de la idea de achicar el estado", señaló Pablo M. Otero, presidente de Tabacalera Sarandí.

Se indicó que el juez Lijo "está analizando otras ocho medidas de prueba requeridas por Tabacalera Sarandi, que resultan de utilidad para poner en evidencia este presunto nuevo intento de Massalin Particulares (Philip Morris S.A.) tendiente a eliminar las industrias y comercializadoras nacionales de tabaco, garantizando para sí una posición comercial monopólica. Es la tercera ley Massalin que se redacta para esa empresa. Al final del día, Argentina sigue siendo una triste colonia, y los funcionarios del PEN son los cipayos que la constituyen", y aseguró que incluirán en su denuncia "a todos los funcionarios del PEN que han trabajado para esta nueva Ley Massalin".

Otero agregó que "hay quienes tratan de socavar nuestra imagen en los medios por pedido de otras empresas y no están viendo que derogar el impuesto mínimo Massalin es mejor para todos, pero en vez de comunicarse con nosotros o con la Cámara UNTAPYA, para hacer un pedido en conjunto al Congreso, prefieren jugar desde las sombras para quedarse con todo", destacando que "periodistas ensobrados presionan o acusan a legisladores, lo que ensucia el funcionamiento parlamentario, tanto que va en contra los propios intereses de las multinacionales a quienes quieren favorecer".

Absolutamente todas las empresas cuestionaron el pago del "impuesto mínimo" en la justicia, inclusive Massalin que fué la empresa que lo impulsó, pero el resultado en el mercado no fué de su agrado. Al respecto Otero rechazó que su empresa deba dinero al fisco como acusa un medio hegemónico: "Eso no es cierto; la aplicación de la Ley Massalin generó una gran pérdida en recaudación, dinero que no fué pagado por los consumidores de las marcas baratas, y por ende por el resto de la cadena comercial e industrial al pagarse impuestos ad valorem. Nosotros no nos hemos quedado con ningún impuesto; lo contrario no se puede demostrar".

Cigarrillos electrónicos bajo la lupa ante la Ley Ómnibus de Milei

En cuanto a los vapeadores y tabaco calentado, la ley ómnibus señala que "el expendio de dispositivos administradores de nicotina con tabaco debidamente autorizados para su comercialización, pagarán el veinticinco por ciento (25%) sobre la base imponible respectiva", lo cual se considera un guiño a las multinacionales, que impulsan ese negocio a nivel global y que, con una carga impositiva mínima como la que se les fija, podrían convertirlo en uno de sus proyectos de marketing principales. Los vapeadores, vale recalcarlo, han sido cuestionados por la Organización Mundial de la Salud (OMS), que desaconseja enfáticamente su uso, que en la Argentina fue prohibido por la ANMAT y Ministerio de Salud.

Básicamente, los cigarrillos electrónicos funcionan con baterías que al activarse aportan la energía necesaria para producir un aerosol o vapor lleno de nicotina sin que medie la combustión de tabaco, pero contiene además de nicotina sustancias como propilenglicol, glicerina, saborizantes y aditivos varios, permitiendo además que lo adopten incluso menores, al considerarlo "una moda cool" muy peligrosa para la salud sobretodo de los muy jóvenesLa ley ómnibus que está en el Congreso ha generado una puja de sectores enorme. Así encontramos a los sindicatos cegetistas ultimando el paro del 24, a industriales impulsando reformas laborales, hay aumentos de tarifas e impuestos en danza, incluso temas culturales que defienden a diario actores o cineastas. En ese gigantesco entramado de tensiones políticas, el sector del tabaco también juega su partido, porque el proyecto enviado por Ortiz Batalla/Sturzenegger incluye varios artículos que modifican el aspecto impositivo de los cigarrillos, donde Massalin acomoda su plan de negocios en el país por tercera vez y el Estado recaudando menos impuestos al tabaco (recordemos las versiones de leyes Massalin 2009 y 2017 con la ayuda del macrismo).

Los artículos de esa ley ómnibus incrementan engañosamente alícuotas, eliminan el llamado 'impuesto mínimo' por envase que había impuesto la gestión de Mauricio Macri, pero deja al Poder Ejecutivo sin la potestad de aumentar o disminuir el monto de impuesto de manera puntual, al tiempo que reabre el negocio de los vapeadores o cigarrillos electrónicos y tabaco calentado, que habían sido prohibidos en 2011 y 2022, aplicándoles un impuesto de solo el 25%, un gravamen que a juicio de la nacional Tabacalera Sarandí se fija "a la medida de lo que piden las grandes tabacaleras multinacionales. Es como la historia de Robin Hood pero a la inversa".

Tabacalera Sarandí llevó el tema a la Justicia Penal, acusa al Gobierno de favorecer a Massalin y el tema quedó en el Juzgado de Ariel Lijo, que habilitó la feria para tratarlo y pidió a Diputados la remisión en copia de la totalidad del articulado y de las partes pertinentes del "Proyecto de Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos" relacionadas con el rubro tabacalero. También solicitó información sobre la Comisiones parlamentarias que intervienen en el tema.

"Nosotros hemos mantenido por muchos años un juicio con AFIP por la no aplicación del impuesto mínimo, por eso obviamente apoyamos la derogación (como hace la ley ómnibus), pero no el delirio de la creación de una burocracia para cuidarle el mercado a Massalin, mediante una suerte de 'Gestapo' en el Ministerio de Salud, un área que está para otra cosa y que iría en contra de la idea de achicar el estado", señaló Pablo M. Otero, presidente de Tabacalera Sarandí.

Se indicó que el juez Lijo "está analizando otras ocho medidas de prueba requeridas por Tabacalera Sarandi, que resultan de utilidad para poner en evidencia este presunto nuevo intento de Massalin Particulares (Philip Morris S.A.) tendiente a eliminar las industrias y comercializadoras nacionales de tabaco, garantizando para sí una posición comercial monopólica. Es la tercera ley Massalin que se redacta para esa empresa. Al final del día, Argentina sigue siendo una triste colonia, y los funcionarios del PEN son los cipayos que la constituyen", y aseguró que incluirán en su denuncia "a todos los funcionarios del PEN que han trabajado para esta nueva Ley Massalin".

Otero agregó que "hay quienes tratan de socavar nuestra imagen en los medios por pedido de otras empresas y no están viendo que derogar el impuesto mínimo Massalin es mejor para todos, pero en vez de comunicarse con nosotros o con la Cámara UNTAPYA, para hacer un pedido en conjunto al Congreso, prefieren jugar desde las sombras para quedarse con todo", destacando que "periodistas ensobrados presionan o acusan a legisladores, lo que ensucia el funcionamiento parlamentario, tanto que va en contra los propios intereses de las multinacionales a quienes quieren favorecer".

Absolutamente todas las empresas cuestionaron el pago del "impuesto mínimo" en la justicia, inclusive Massalin que fué la empresa que lo impulsó, pero el resultado en el mercado no fué de su agrado. Al respecto Otero rechazó que su empresa deba dinero al fisco como acusa un medio hegemónico: "Eso no es cierto; la aplicación de la Ley Massalin generó una gran pérdida en recaudación, dinero que no fué pagado por los consumidores de las marcas baratas, y por ende por el resto de la cadena comercial e industrial al pagarse impuestos ad valorem. Nosotros no nos hemos quedado con ningún impuesto; lo contrario no se puede demostrar".