Los gremios concentran la presión sobre los gobernadores para frenar la reforma laboral

La postergación del debate de la reforma laboral en el Senado fue interpretada por las organizaciones sindicales como una señal favorable. Tras la movilización de la semana pasada y los pronunciamientos públicos de la CGT y otras centrales, los gremios reorientaron su estrategia hacia un objetivo concreto: influir sobre los gobernadores, cuyos senadores resultan determinantes para aprobar o rechazar el proyecto.

El retraso del tratamiento no respondió a un solo factor. A la presión sindical se sumaron las tensiones políticas que dejó el debate del Presupuesto, aprobado sin artículos sensibles para el oficialismo, y las diferencias entre Nación y las provincias, en especial por el reparto de recursos.

El rol de las provincias

En el mapa provincial conviven posturas dispares. Algunos gobernadores expresan críticas públicas a la reforma laboral, pero aplican en sus distritos ajustes fiscales y previsionales de orientación similar. Otros, en cambio, ya fijaron una posición de rechazo explícito.

Desde el sindicalismo estatal advirtieron que acompañar el proyecto implicaría respaldar cambios que afectan derechos laborales y reducen recursos provinciales. En ese sentido, señalaron que la iniciativa oficial tendría un impacto negativo sobre la coparticipación, estimado en alrededor del 0,3% del PBI, un punto sensible para las administraciones locales.

Casos bajo la lupa

En Santa Fe, la conducción sindical remarcó la ambigüedad del gobernador Maximiliano Pullaro. Si bien su discurso electoral incluyó referencias a la defensa del empleo, durante el año se avanzó con reformas previsionales resistidas por gremios estatales y docentes. Desde ese sector advierten que la reforma laboral nacional profundizaría el ajuste fiscal y limitaría la capacidad de financiamiento provincial.

En Córdoba, el contraste es aún más marcado. Mientras se expresaron reparos al proyecto nacional, la Legislatura provincial aprobó una emergencia previsional que habilita aumentos en los aportes personales y ajustes sobre jubilaciones. El gobierno provincial argumentó un fuerte déficit previsional ante la reducción de transferencias nacionales, pero los gremios señalaron similitudes con el enfoque del Ejecutivo nacional.

Bloques y alineamientos

Los gobernadores peronistas ya manifestaron su rechazo al proyecto, centrando sus críticas en la pérdida de recursos fiscales y en el impacto sobre el empleo. En cambio, el espacio de Provincias Unidas mantiene una postura indefinida, lo que explica la intensificación de gestiones sindicales en ese sector.

En una reciente reunión, varios mandatarios provinciales ratificaron su oposición, mientras otros continúan negociando con la Casa Rosada en busca de compensaciones fiscales.

Una postura consolidada

El gobernador bonaerense Axel Kicillof se consolidó como una de las voces más firmes contra la reforma. Durante la última movilización sindical, sostuvo que el proyecto no mejora el empleo ni la producción, y que agrava la situación de trabajadores y pymes. Su postura es acompañada por la mayoría del entramado sindical de la provincia, tanto de la CGT como de las CTA.

De cara a febrero, los gremios anticipan que la presión sobre los gobernadores se intensificará, con el foco puesto en el impacto fiscal y en el rol de las provincias como garantes del equilibrio político en el Senado.