Marítimos acusan al Gobierno de Milei de intentar reactivar la desregulación de la Marina Mercante

La Federación Sindical Marítima y Fluvial (Fe.Si.Ma.F) denunció que el Gobierno de Javier Milei busca reinstalar por vías administrativas la desregulación de la Marina Mercante argentina, una medida que había sido rechazada por el Congreso meses atrás.

Según advirtieron los gremios, la Resolución 41/25 de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPyN) representa un intento de "burlar la voluntad legislativa" y reimplantar parte del contenido del derogado DNU 340/25, que apuntaba a flexibilizar el régimen de cabotaje nacional.

"El Gobierno vuelve a la carga con una maniobra que roza lo inconstitucional. No respeta la división de poderes y está orientada a hacer negocios a costa del trabajo argentino", sostuvo el capitán Mariano Moreno, secretario general del Centro de Patrones y Oficiales Fluviales, de Pesca y de Cabotaje Marítimo.

Una norma que reabre la tensión con el sector

La resolución publicada el 9 de septiembre de 2025 modifica el sistema de excepciones previsto en la Ley de Cabotaje Nacional (19.492) y en la Ley de Marina Mercante (27.419). A partir de ahora, las empresas podrán justificar la "falta de disponibilidad" de buques de bandera argentina mediante una simple declaración jurada, sin necesidad de atravesar los procesos de consulta y verificación previos.

Para los sindicatos marítimos, este mecanismo es una "puerta abierta" a la operación de embarcaciones extranjeras en tráficos reservados al pabellón nacional, debilitando el empleo argentino y reduciendo los controles sobre las condiciones laborales.

"Buscan bajar costos laborales"

Moreno cuestionó con dureza la motivación detrás de esta política: "Hay un capricho en desregular la Marina Mercante porque quieren bajar los costos laborales, directos o indirectos. Pero eso se traduce en pérdida de derechos, precarización y competencia desleal con tripulaciones extranjeras".

El dirigente recordó que el Gobierno ya había intentado avanzar sobre el régimen pesquero en la Ley de Bases, además de declarar la actividad "esencial" por decreto y modificar artículos históricos del Régimen de Navegación (REGINAVE).

Denuncia formal y casos bajo sospecha

El pasado 15 de septiembre, la Fe.Si.Ma.F presentó una denuncia formal ante la ANPyN por la entrega irregular de certificados de excepción y el presunto incumplimiento de la Ley 27.419 por parte de varias compañías navieras.

En el documento se mencionan los casos de los remolcadores de bandera paraguaya Lautaro C y GF Humaitá, que habrían recibido permisos sucesivos para operar en puertos argentinos con tripulación extranjera. Las empresas señaladas son Vessel Logística S.A., Mediterranean Shipping Company S.A. y Agencia Marítima Nabsa S.A.

"Estamos frente a una vulneración directa del artículo 30 de la Ley 27.419, que establece la obligación de embarcar personal argentino", advirtió la Federación, que exigió a la ANPyN intimar a las firmas involucradas a cumplir la normativa vigente.

Un conflicto que promete escalar

Los sindicatos marítimos advierten que, de mantenerse la resolución, podría haber medidas de fuerza en el sector. "Defender la Marina Mercante nacional es defender la soberanía, el trabajo y la industria argentina. No vamos a permitir que la desregulación se imponga por la ventana", concluyó Moreno.