Newsan reduce personal en plantas bonaerenses y crece la incertidumbre laboral

La empresa Newsan-Siam avanzó con la desvinculación de 45 operarios y mantiene suspendido a cerca de la mitad del personal en sus plantas de Avellaneda y Monte Chingolo, en la provincia de buenos aires. La decisión se ejecutó bajo la modalidad de finalización de contratos a plazo fijo, una práctica que desde el sector laboral califican como despidos encubiertos.

Según relataron los trabajadores afectados, muchos de los cesanteados contaban con más de un año de antigüedad, condición que -de acuerdo con la normativa vigente- habilita el pase a planta permanente. La situación impacta sobre unos 30 empleados en Monte Chingolo y 15 en Avellaneda, en un escenario que se arrastra desde octubre pasado con suspensiones rotativas.

Desde la conducción local de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) se logró un acuerdo transitorio para garantizar la continuidad laboral durante febrero, aunque el panorama a partir de marzo permanece abierto. Directivos de la compañía anticiparon que podrían evaluarse nuevas desvinculaciones una vez vencido ese plazo.

La empresa justificó las medidas en una supuesta caída de ventas y en la acumulación de stock sin colocar, particularmente en el rubro motocicletas. No obstante, los trabajadores cuestionan ese argumento y sostienen que la firma no atraviesa una crisis estructural. En respaldo de esa postura, mencionan informes sectoriales que señalan una posición competitiva sólida y bajo nivel de endeudamiento de la compañía en el mercado local.

El conflicto se desarrolla en un contexto de debate parlamentario por la reforma laboral, lo que alimenta la preocupación entre los empleados ante posibles cambios en las condiciones de contratación y despido. Desde el ámbito gremial advierten que este tipo de decisiones empresariales se repiten en distintas actividades y funcionan como un anticipo de escenarios más flexibles para el empleo.

Actualmente, de los aproximadamente 150 trabajadores permanentes de ambas plantas, alrededor de la mitad permanece sin tareas asignadas, sin fecha cierta de reincorporación. A la pérdida de ingresos se suma el riesgo de quedar sin cobertura médica, una situación que agrava el impacto social del conflicto en familias con problemas de salud y personas a cargo.