Seguridad privada en Bahía Blanca define paro ante la falta de recomposición salarial

El Sindicato de Seguridad e Investigaciones Privadas de Bahía Blanca declaró el estado de alerta y movilización y ratificó la posibilidad de un paro general si no se alcanza un acuerdo salarial con la cámara empresaria CAESI. La medida de fuerza podría concretarse el 10 de febrero, luego de que venciera la prórroga de la conciliación obligatoria dictada por la Secretaría de Trabajo.

La huelga había sido prevista inicialmente para el 3 de febrero, pero fue suspendida tras el pedido formal de la cámara patronal, que solicitó la intervención del organismo laboral. El gremio acató la resolución administrativa, aunque advirtió que la instancia no produjo avances sustanciales en la negociación.

Desde la conducción sindical señalaron que las conversaciones permanecen estancadas debido a que la propuesta empresarial se limita a replicar la pauta salarial impulsada por el Gobierno nacional. Según el sindicato, ese esquema no contempla la pérdida real del salario sufrida por los trabajadores del sector durante 2025, marcada por la inflación y la falta de actualizaciones acordes.

De acuerdo con fuentes gremiales, la diferencia entre lo reclamado y lo ofrecido alcanza una brecha cercana al 40%, un desfasaje que consideran incompatible con la continuidad del diálogo en los términos actuales. A esto se suma el planteo de CAESI de extender los acuerdos paritarios por períodos semestrales, una modalidad que el sindicato rechaza por entender que consolida el deterioro del ingreso.

Mientras desde sectores empresariales se insiste en que "no hay margen" para mejorar la oferta, el sindicato cuestiona ese argumento y sostiene que la discusión se traslada de manera mecánica a las condiciones impuestas desde el Estado, sin considerar la situación concreta de los trabajadores de seguridad privada.

El conflicto se inscribe en un escenario más amplio de tensiones paritarias en distintos rubros, donde la referencia a la pauta oficial es presentada como un límite técnico, cuando en los hechos funciona como un techo salarial. En Bahía Blanca, el desenlace de esta negociación será determinante para definir si el sector avanza hacia una medida de fuerza de alcance general.