Procesan a ex directivos de SanCor por presuntas irregularidades con aportes laborales

La Justicia procesó a dos ex presidentes de SanCor en una causa que investiga el presunto uso indebido de fondos correspondientes a aportes laborales destinados al sistema de seguridad social. Según consta en el expediente, el monto bajo análisis supera los 1.600 millones de pesos, cifra que podría incrementarse tras actualizaciones contables.

Los imputados son José Pablo Gastaldi y Alberto Eduardo Sánchez, quienes estuvieron al frente de la cooperativa en distintos períodos. La acusación se centra en la retención y falta de ingreso de aportes obligatorios, una práctica que, de confirmarse, configura un delito penal vinculado a la administración de recursos de terceros.

Desde el sindicato ATILRA, que representa a los trabajadores de la industria lechera, señalaron que el procesamiento judicial no agota la investigación y anticiparon que evalúan ampliar la denuncia. El gremio sostiene que algunas de las prácticas observadas en la causa habrían continuado incluso en etapas posteriores de la gestión empresarial.

El planteo sindical incluye cuestionamientos a la forma en que se liquidaron salarios y aportes, lo que habría impactado tanto en la situación previsional de los trabajadores como en el deterioro financiero de la empresa. En ese marco, remarcan que la falta de transparencia en el manejo de recursos es uno de los factores que explican la crisis estructural que atraviesa SanCor desde hace varios años.

La investigación judicial se produce en un escenario de reconversión forzada del sector lácteo, con empresas endeudadas, caída de producción y conflictos laborales recurrentes. En el caso de SanCor, la situación derivó en cierres de plantas, reducción de personal y una pérdida sostenida de participación en el mercado.

Desde el entorno gremial subrayan que el objetivo central sigue siendo preservar los puestos de trabajo y garantizar que cualquier salida a la crisis contemple los derechos laborales. Al mismo tiempo, evitan anticipar el impacto que el proceso judicial pueda tener sobre el futuro inmediato de la cooperativa.

La causa continúa en etapa de instrucción y no hay definiciones firmes sobre eventuales responsabilidades finales. Mientras tanto, el expediente se suma a una serie de antecedentes que mantienen a SanCor bajo la lupa judicial, económica y sindical.