Quiebra de ARSA: más de 400 trabajadores quedan sin empleo y sin respuestas

La empresa Alimentos Refrigerados S.A. (ARSA), que operaba desde 2019 en las plantas de Arenaza (Buenos Aires), Sunchales (Santa Fe) y en el centro de distribución de Córdoba, fue declarada en quiebra por el Juzgado Nacional en lo Comercial N°29, a cargo del juez Federico Güerri.

El cierre definitivo deja a más de 400 familias sin sustento. Los trabajadores denunciaron que durante meses cobraron sus sueldos en cuotas o con severos retrasos, llegando en algunos casos a percibir apenas el 25% del salario. Además, los aportes jubilatorios y de obra social permanecieron impagos por más de tres años.

"Nos fueron dejando sin nada. Primero redujeron turnos, después dejaron de pagar y al final apagaron las máquinas sin dar la cara", expresaron empleados de la planta bonaerense.

Crisis estructural en la industria láctea

La caída de ARSA refleja la fragilidad del sector lácteo argentino, afectado por la baja del consumo interno, la suba de costos energéticos y logísticos, y la pérdida de competitividad frente a la sobreoferta de leche cruda.

El caso se suma a la crisis de SanCor, que en los últimos años cedió licencias de sus marcas y redujo su capacidad productiva. En ese contexto, ARSA había surgido como una alternativa con promesas de inversión que finalmente no se concretaron.

Sospechas empresariales y medidas judiciales

La empresa estaba controlada por BAF Capital, con vínculos con Vicentin, y por los empresarios venezolanos Manuel y Alfredo Fernández, relacionados con La Suipachense (Maralac S.A.). Ninguno de ellos se presentó a brindar explicaciones tras la declaración de quiebra.

El fallo judicial ordenó la inhibición de bienes, el bloqueo de cuentas bancarias y la prohibición de salida del país para el administrador, mientras avanza la liquidación del patrimonio.

Reclamos sindicales y búsqueda de justicia

Desde el gremio ATILRA, que representa a los trabajadores lácteos, se evalúa intervenir en la causa para garantizar el cobro de haberes e indemnizaciones. Además, se exige una investigación por irregularidades en la administración de fondos y por el abandono de personal.

"Lo que pasó con ARSA no puede repetirse. No se trata solo de una quiebra, sino del resultado de años de irresponsabilidad empresarial y ausencia de controles", advirtieron desde el sindicato.