06/11/2025
La reforma laboral que impulsa el Gobierno de Javier Milei volvió a encender el debate en el ámbito político y sindical. La diputada bonaerense Soledad Alonso, secretaria adjunta de la SECASFPI, advirtió que el proyecto "no crea empleos, destruye derechos" y rompe el "contrato social" al modificar los pilares básicos de la relación laboral en la Argentina.
El texto oficial, compuesto por 109 artículos, plantea una serie de modificaciones estructurales en materia de empleo. Entre los puntos más cuestionados, se propone reducir las indemnizaciones al eliminar del cálculo los bonos y pagos extraordinarios, lo que disminuiría el monto final a percibir por los trabajadores despedidos.
Además, introduce un tope máximo de diez años de antigüedad, afectando a quienes llevan más tiempo en sus puestos. También habilita que parte del salario se pague en "tickets canasta", es decir, remuneraciones en especie, y crea el sistema de "banco de horas", que evita el pago de horas extras y permite extender las jornadas laborales hasta 12 horas diarias.
"Eso genera incertidumbre y afecta la organización de la vida personal, el descanso y las tareas de cuidado", remarcó Alonso, quien subrayó que el proyecto prioriza los intereses empresariales por sobre los derechos humanos básicos.
Otro de los puntos más polémicos es la modificación de las vacaciones, que podrían fraccionarse según la conveniencia del empleador, eliminando el derecho a tomarlas de forma continua.
"Nos quieren hacer creer que esta ley no afecta a los contratos actuales, pero eso es falso. Si se aplica, perjudica a todos: a los que ya están trabajando y a los que ingresen en el futuro. Cada punto del proyecto significa menos estabilidad, menos previsibilidad y menos derechos", advirtió la legisladora.
Alonso sostuvo que la iniciativa debilita el poder colectivo de los trabajadores, al promover negociaciones por empresa y eliminar la vigencia de los convenios colectivos. Esto, señaló, "busca romper la organización sindical y dejar al trabajador solo frente a las patronales".
El texto también prevé la creación de un Fondo de Cese Laboral, que traslada al empleado el costo de su propia indemnización, habilita el pago en cuotas y reduce la protección ante despidos. Además, recorta licencias por enfermedad y limita la cobertura frente a despidos por motivos de salud.
"Cuando tocan el trabajo, tocan la vida entera: el tiempo, el descanso, la familia y la posibilidad de planear un futuro. Nuestra Constitución es clara: los derechos deben ser progresivos y no regresivos. Este proyecto es totalmente inconstitucional", sentenció Alonso.
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