SUPARA denuncia desmantelamiento de controles aduaneros que pone en riesgo la seguridad nacional

SUPARA, conducido por Daniel Malloti, cuestiona la nueva normativa por eliminar la presencia física del personal aduanero en momentos críticos del proceso de exportación. Según el sindicato, avanzar con un sistema remoto sin infraestructura tecnológica adecuada constituye una peligrosa improvisación que afecta tanto a la seguridad nacional como a los trabajadores en la primera línea de control en puertos, fronteras y aeropuertos.

El gremio respalda su postura en un informe reservado de la SIGEN de febrero de 2025, que evidenció fallas de alto impacto en el funcionamiento de las 190 cámaras de vigilancia de la Dirección General de Aduanas (DGA). La falta de mantenimiento y protocolos claros, según SUPARA, hace que el control remoto sea insuficiente y riesgoso, aumentando la vulnerabilidad frente a delitos y contrabando.

Entre los problemas denunciados, el sindicato destaca la implementación de un Plan de Retiros Anticipados, la modificación de registros de importadores y exportadores, y la delegación de tareas a despachantes de aduana. Estas decisiones, afirma SUPARA, generan una reducción del personal experimentado y altamente calificado, debilitando la supervisión aduanera y afectando la seguridad jurídica del comercio internacional.

SUPARA también criticó la postura del ministro de Desregulación, Federico Sturzzenegger, quien calificó la medida como un "cambio copernicano". El sindicato asegura que esta visión desconoce la complejidad del control aduanero y podría favorecer intereses particulares que van en detrimento del Estado, creando un terreno propicio para mafias y organizaciones delictivas.

Finalmente, el gremio advirtió que la situación recuerda los modelos de los años 70 y 90, cuando la falta de controles provocó cierre de empresas, desempleo y crisis social, además de favorecer el tráfico de armas y narcotráfico. SUPARA anunció que llevará el caso al Congreso de la Nación y cámaras del comercio internacional, y se reserva iniciar acciones judiciales para proteger la seguridad aduanera y los derechos de los trabajadores.