Tartagal: choferes despedidos iniciaron un paro y acampe ante el riesgo de cierre de la empresa

Una crisis laboral afecta al transporte urbano de pasajeros en Tartagal, donde un grupo de choferes fue notificado de despidos y respondió con un paro total de actividades y un acampe frente a la sede de la empresa prestataria.

La medida de fuerza dejó sin servicio a parte de la ciudad y abrió un conflicto que, según advierten sectores gremiales, podría derivar en el cierre definitivo de la firma.

Reclamo de los trabajadores

Los choferes exigen la reincorporación inmediata de los despedidos y el pago de salarios adeudados. Sostienen que la situación no sólo afecta sus puestos de trabajo sino también a cientos de usuarios que dependen del transporte público para trasladarse dentro de la ciudad.

Según expresaron durante la protesta, buscan la apertura de una instancia de diálogo formal con compromisos concretos que incluyan estabilidad laboral y regularización salarial.

Contexto económico y falta de subsidios

Desde el municipio señalaron que la crisis está vinculada a la reducción o eliminación de subsidios nacionales al transporte, en el marco de las políticas económicas implementadas por el gobierno del presidente Javier Milei.

El director municipal de Transporte, Lucas Bertchovich, afirmó que la falta de asistencia estatal impactó de manera directa en la estructura de costos de la empresa, comprometiendo su capacidad para afrontar salarios y gastos operativos.

Intervención municipal

Las autoridades locales iniciaron gestiones para mediar entre la empresa y los trabajadores con el objetivo de:

• Garantizar la continuidad del servicio urbano.

• Preservar los puestos de trabajo.

• Evitar el cierre definitivo de la firma.

Hasta el momento no se informó oficialmente cuántos trabajadores fueron despedidos ni si existe un cronograma de negociación establecido.

Servicio esencial en riesgo

El conflicto expone la fragilidad del sistema de transporte urbano en ciudades del interior ante la caída de subsidios y la retracción económica. De no alcanzarse un acuerdo, la paralización podría extenderse y afectar de manera directa a la población que depende del servicio para actividades laborales, educativas y comerciales.

Las partes continúan en diálogo, mientras el paro y el acampe se mantienen frente a la sede de la empresa.