Universidades lograron un acuerdo salarial del 24% y mantienen la demanda judicial contra el Gobierno de Milei

La comunidad universitaria argentina consiguió uno de los avances más importantes desde el inicio del conflicto con el Gobierno de Javier Milei. Luego de meses de movilizaciones, paros y negociaciones, rectores y gremios universitarios firmaron un acuerdo que establece una recomposición salarial del 24,33% para docentes y nodocentes, además de mejoras presupuestarias para las universidades públicas. A pesar del entendimiento, las organizaciones ratificaron que continuarán con las demandas judiciales para garantizar el cumplimiento integral de la Ley de Financiamiento Universitario.

¿Qué incluye el acuerdo salarial entre el Gobierno y las universidades?

El acta firmada entre las autoridades nacionales y los representantes del sistema universitario establece un incremento salarial del 24,33% dividido en dos etapas.

Según el documento, el 21,33% se aplicará durante junio sobre los salarios básicos vigentes a mayo de 2026, mientras que el 3% restante se abonará en octubre sobre los haberes correspondientes a septiembre.

La actualización contempla la recomposición del desfasaje salarial registrado durante 2025, la actualización por inflación acumulada hasta mayo de 2026 y una compensación parcial por la pérdida de poder adquisitivo sufrida durante 2024.

Además, el Gobierno se comprometió a convocar negociaciones paritarias con una periodicidad máxima de tres meses, una demanda histórica impulsada por los sindicatos docentes y nodocentes.

La comunidad universitaria logró un acuerdo tras meses de movilizaciones, paros y reclamos por financiamiento.

Las universidades también consiguieron mejoras presupuestarias

Más allá de la cuestión salarial, el acuerdo incorpora medidas vinculadas al financiamiento de las universidades públicas.

Entre los principales puntos se destaca una actualización del 20% en los gastos de funcionamiento de las casas de estudio a partir de junio de 2026.

Asimismo, se confirmó una ampliación de 50 mil millones de pesos para los hospitales universitarios durante el próximo ejercicio presupuestario.

Estos recursos eran reclamados por rectores, docentes y estudiantes, quienes advertían sobre el deterioro de las condiciones de funcionamiento de numerosas instituciones de educación superior en Argentina.

Los gremios celebraron el acuerdo pero mantienen los reclamos

Desde la Federación de Docentes de las Universidades (FEDUN), una de las primeras organizaciones en respaldar el entendimiento, destacaron que el resultado fue consecuencia directa de la movilización sostenida durante los últimos años.

Su secretario general, Daniel Ricci, sostuvo que la negociación representa un avance importante para comenzar a recuperar el salario perdido desde la llegada de Javier Milei al Gobierno.

Además, la organización remarcó que la apertura de una paritaria trimestral permitirá continuar discutiendo mecanismos para recuperar el poder adquisitivo perdido durante 2024 y avanzar hacia el cumplimiento total de la Ley de Financiamiento Universitario.

En el mismo sentido, distintas organizaciones que integran el Frente Sindical de Universidades Nacionales coincidieron en que el acuerdo constituye un triunfo de la lucha colectiva de docentes, nodocentes, estudiantes y rectores.

CONADU y los gremios universitarios debatieron la propuesta

Dentro del movimiento sindical universitario existieron diferentes posiciones respecto de la oferta presentada por el Gobierno.

En algunos casos, como ocurrió con FEDUBA, hubo fuertes cuestionamientos iniciales al entendimiento. Sin embargo, tras consultas realizadas en distintas universidades del país, la conducción nacional de CONADU terminó avalando el acuerdo.

La secretaria general de CONADU, Clara Chevallier, destacó que el proceso de negociación estuvo atravesado por fuertes tensiones y presiones para modificar aspectos centrales de la Ley de Financiamiento Universitario.

Pese a ello, valoró que el convenio incorpore mecanismos de actualización periódica vinculados a la inflación y herramientas destinadas a recomponer las pérdidas salariales acumuladas.

Las universidades públicas recibirán una actualización en los fondos de funcionamiento y recursos adicionales para hospitales universitarios.

La demanda judicial contra el Gobierno sigue en pie

Uno de los aspectos más relevantes del acuerdo es que no implica el retiro de las acciones judiciales impulsadas por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y diversas organizaciones sindicales.

Las entidades universitarias rechazaron la condición planteada por sectores del oficialismo para suspender las demandas y ratificaron que continuarán reclamando en los tribunales el cumplimiento integral de la Ley de Financiamiento Universitario.

Por lo tanto, la Corte Suprema de Justicia seguirá teniendo un rol central en la resolución definitiva del conflicto que enfrenta al sistema universitario con el Gobierno nacional.

La decisión refleja la desconfianza existente respecto del cumplimiento futuro de los compromisos asumidos por el Poder Ejecutivo.