La Unión Obrera Metalúrgica (UOM) atraviesa una de las mayores crisis institucionales de los últimos años luego de que la Justicia desplazara a la conducción nacional encabezada por Abel Furlán e impusiera una intervención judicial. Como consecuencia directa, las negociaciones paritarias quedaron suspendidas y los salarios de los trabajadores metalúrgicos permanecen congelados hasta nuevo aviso.

El interventor designado por la Justicia, Alberto Biglieri, tiene atribuciones limitadas y no está habilitado legalmente para negociar aumentos salariales ni firmar acuerdos paritarios con las cámaras empresarias del sector.

Qué pasó con la UOM y por qué se frenaron las paritarias

La situación se originó tras una resolución de la Justicia laboral que anuló las elecciones internas realizadas en marzo de 2026 y desplazó a las autoridades nacionales del sindicato.

La medida fue impulsada luego de una presentación realizada por la Lista Naranja de la seccional Campana. El juez Víctor Pesino consideró que existieron irregularidades en ese proceso electoral y determinó que las anomalías detectadas afectaban la validez de toda la elección nacional.

A partir de esa decisión, Alberto Biglieri asumió la intervención de la organización sindical con el objetivo de supervisar las cuentas, garantizar el funcionamiento administrativo y organizar un nuevo proceso electoral.

El desplazamiento de Abel Furlán dejó en suspenso la discusión paritaria de uno de los gremios industriales más importantes del país.

Alberto Biglieri no puede negociar salarios en nombre de la UOM

Uno de los principales efectos de la intervención es la paralización total de la negociación salarial. Según la normativa vigente, el interventor judicial carece de facultades para representar al gremio en discusiones paritarias frente a las cámaras empresarias o ante la Secretaría de Trabajo.

De esta manera, la representación institucional de la UOM quedó vacante para negociar aumentos salariales en un contexto de inflación y pérdida de poder adquisitivo.

La preocupación ya comenzó a extenderse entre los trabajadores y delegados fabriles de distintas provincias, donde se analizan asambleas, movilizaciones y reclamos para exigir mecanismos de compensación salarial mientras continúe la intervención.

Los salarios de los metalúrgicos quedaron congelados

Antes de la intervención, la conducción encabezada por Abel Furlán mantenía negociaciones con las cámaras empresarias ADIMRA, CAMIMA y AFARTE para cerrar un incremento salarial del 10% distribuido entre junio, julio y agosto.

Sin embargo, la suspensión de las negociaciones dejó sin efecto cualquier posibilidad inmediata de actualización salarial.

Actualmente, el Ingreso Mínimo Global de Referencia (IMGR) del sector se mantiene en 1.036.390 pesos. Para un trabajador ingresante de la rama metalmecánica, el salario básico diario continúa en 4.313,43 pesos, mientras que para la categoría de oficial alcanza los 5.958,84 pesos por jornada.

En el caso de los empleados mensualizados, los administrativos y técnicos de la categoría inicial perciben un salario básico de 833.257,48 pesos.

La crisis institucional en la UOM impacta directamente en la negociación de salarios y condiciones laborales del sector metalúrgico.

La situación de las siderúrgicas agrava el conflicto salarial

El escenario es todavía más complejo en la Rama 21 de la actividad metalúrgica, que incluye a grandes compañías siderúrgicas como Acindar y empresas vinculadas al Grupo Techint.

En este sector, las dificultades salariales ya venían acumulándose debido a que varios acuerdos alcanzados durante los últimos meses no habían sido homologados por la Secretaría de Trabajo de la Nación.

Como consecuencia, numerosas empresas optaron por otorgar adelantos salariales por cuenta propia para evitar una mayor pérdida del poder adquisitivo frente a la inflación.

El impacto político y sindical de la intervención en la UOM

La intervención judicial de uno de los gremios industriales más importantes de Argentina genera preocupación tanto en el movimiento sindical como en el sector empresario. La falta de una conducción con capacidad legal para negociar salarios deja a miles de trabajadores sin una herramienta clave para defender sus ingresos.

Además, el conflicto abre un nuevo capítulo en la discusión sobre la autonomía sindical y el alcance de las decisiones judiciales sobre organizaciones gremiales que representan a sectores estratégicos de la economía nacional.