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Indagatorias en FATE: cuando la Justicia se convierte en arma contra la comisión interna
24 trabajadores de FATE fueron citados a declarar como imputados por ocupar la fábrica. La empresa denuncia usurpación mientras el sindicato denuncia un lock out que ya dura seis meses sin resolución.
A seis meses de que la empresa FATE anunciara el cierre de su planta en San Fernando, dejando sin trabajo a más de 900 operarios, la estrategia defensiva de los trabajadores enfrentó un nuevo frente: la Justicia. Veinticuatro integrantes de la comisión interna y delegados sindicales fueron citados en junio pasado a prestar declaración indagatoria acusados de usurpación. No por hurtar bienes. Por ocupar una fábrica que, según el patrón, es suya; según ellos, es su fuente de trabajo.
La ocupación como delito
El empresario Javier Madanes Quintanilla, dueño de FATE, presentó una denuncia penal contra los trabajadores que se niegan a abandonar las instalaciones. El argumento: están cometiendo usurpación de propiedad privada. Pero para los dirigentes sindicales, para los delegados y para los operarios que permanecen dentro de la planta desde febrero, la situación es exactamente lo contrario. "Quien está fuera de la ley es el empresario", sostienen desde el sindicato. Lo que hizo FATE fue un lock out patronal: cerró la fábrica, dejó a los trabajadores sin actividad y sin salarios, mientras mantiene en pie la estructura productiva.
La indagatoria llegó cuando el conflicto ya había escalado en complejidad. Tras el cierre, la comisión interna organizó la ocupación de la planta como estrategia de resistencia. Una jueza llegó a ordenar el desalojo, pero la Cámara de Apelaciones frenó esa orden y optó por analizar el caso bajo el derecho laboral y de protesta social, no como un delito penal.
Persecución a la organización
Lo que marca un punto de inflexión es que las indagatorias no apuntan a trabajadores puntuales. Alcanzan tanto a miembros de la comisión directiva del sindicato como a delegados de base que participan activamente en las medidas de resistencia. Desde el SUTNA (Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino) denuncian que se trata de una estrategia destinada a debilitar la organización de los trabajadores y desalentar la continuidad de las protestas.
La criminalización tiene un objetivo claro: generar temor. Si un delegado sindical puede ser imputado por defender su puesto de trabajo desde adentro de la planta, el mensaje que se envía es que la resistencia organizada tiene consecuencias penales. No solo puede perder el trabajo; puede enfrentar un proceso judicial.
Seis meses sin resolver
El conflicto en FATE comenzó el 18 de febrero de 2026 cuando la empresa anunció el cierre de la planta. Desde entonces, la comisión interna mantiene la ocupación del predio. Hubo conciliación obligatoria impulsada por el Ministerio de Trabajo nacional y también por la provincia de Buenos Aires. Ninguna logró desbloquear el conflicto. La empresa exige que el sindicato abandone las instalaciones para reactivar la producción; el sindicato exige que la empresa no cierre y negocie la continuidad de los puestos de trabajo.
En medio de esa negociación estancada, llegaron las indagatorias. La maniobra es clásica pero no por eso menos efectiva: mientras el conflicto laboral se resuelve lentamente en las instancias administrativas, la arena penal avanza con celeridad. Veinticuatro trabajadores ahora cargan con la presión de un proceso judicial además de la incertidumbre de sus empleos.
El contexto de la reforma laboral
La decisión de FATE de cerrar la planta no ocurrió en el vacío. Llegó después de que el gobierno de Javier Milei impulsara una reforma laboral que flexibiliza los despidos y reduce las protecciones de los trabajadores. Según el sindicato químico y otros gremios, la nueva normativa les abrió a las empresas una puerta que antes estaba cerrada: la posibilidad de ajustar planteles sin justificación económica clara.
FATE, en particular, argumentó que necesitaba cerrar por problemas de rentabilidad. Pero el contexto político hizo que el cierre fuera visto por dirigentes como Axel Kicillof como una oportunidad para tensionar al gobierno nacional. El gobernador bonaerense dictó su propia conciliación obligatoria apenas minutos después de que lo hiciera la Nación. El presidente Milei, lejos de mediar, acusó públicamente a los dueños de FATE de haberse beneficiado de décadas de proteccionismo sin competir.
Lo que está en juego
Para los 900 trabajadores de FATE, el conflicto no es abstracto. Desde febrero no reciben salarios. La Justicia decretó un embargo de 3 mil millones de pesos sobre la empresa para garantizar los pagos pendientes, pero los fondos no llegan. La comisión interna debe mantener la presencia física en la planta mientras sus integrantes enfrentan citaciones a indagatoria.
Eso es lo que hace que este caso tenga relevancia más allá de San Fernando. Muestra un patrón: cuando los trabajadores se organizan y resisten a través de ocupaciones de plantas, los patrones pueden apoyarse en denuncias penales para debilitar esa resistencia. Y si la Justicia decide procesar esas denuncias, la comisión interna enfrenta un dilema: continuar la lucha sabiendo que sus delegados pueden ser condenados, o ceder y abandonar la planta.
Qué viene después
A mediados de agosto de 2026, seis meses después del inicio del conflicto, trabajadores y dirigentes sindicales convocaron a una conferencia de prensa para exigir el levantamiento del lock out y la continuidad laboral. El evento reunió a dirigentes de distintas organizaciones gremiales: Pablo Moyano de Camioneros, Hugo Yasky de la CTA, Rodolfo Aguiar de ATE Nacional y otros referentes. La movilización fue un recordatorio: aunque el conflicto laboral está en manos de burocracias, los trabajadores siguen organizados.
Pero mientras tanto, los indagados esperan. Y la empresa sigue sin retomar la producción.
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