Lustramax: cuando la empresa ignora las sentencias y la comisión interna sigue de pie

Tortuguitas, bonaerense. El teléfono de los delegados de Lustramax no para de sonar. Desde junio, cada despido que anuncia la empresa mayorista de descartables y artículos de limpieza activa una nueva ronda de alertas entre los trabajadores. Pero lo que distingue a este conflicto de tantos otros que pululan por el GBA industrial no es solo la cantidad de cesantías —ya van casi treinta desde enero—, sino la audacia con la que la patronal ignora lo que la Justicia ya definió: que no tenía derecho a echarlos.

Tres fallos judiciales incumplidos

Entre los despedidos de Lustramax figuraban delegados gremiales. La ley los protege: no se los puede echar sin una autorización previa del Ministerio de Trabajo. La comisión interna recurrió a la Justicia, ganó, y obtuvo tres sentencias que ordenaban la reinstalación inmediata. Una de esas sentencias alcanza específicamente al delegado Leandro Gómez. La empresa recibió el fallo, lo leyó, y decidió no cumplirlo. Así, en pleno 2026, con reforma laboral de por medio, Lustramax demuestra que para ciertos empresarios una sentencia judicial es poco más que una sugerencia.

Despidos sin crisis ni justificativo

Lo más desconcertante es que la empresa nunca probó estar en crisis. Eso es relevante porque en Argentina, para despedir sin causa, hace falta demostrar que la empresa está en problemas económicos reales. La comisión interna lo subraya en cada comunicado: Lustramax despide «sin demostrar ninguna crisis». Lleva razón. Una compañía que fue fundada en 1989 y que vende descartables para gastronomía no puede despertar de repente en 2026 con la necesidad urgente de echar treinta personas. Algo más está pasando.

Represión sindical con disfraz legal

Los trabajadores tienen una hipótesis y toda la evidencia del mundo para sostenerla: estos despidos son represalia contra la organización sindical. Los primeros cesanteados incluyeron delegados. Los posteriores alcanzaron a activistas sindicales. Y la empresa sigue: en junio, otra tanda de ocho más. Desde la comisión interna sostienen que es un intento sistemático de debilitar la organización conquistada dentro de la planta, de quebrar la resistencia. Los tribunales laborales ya les dieron la razón en otros aspectos: archivaron la causa penal que la empresa había iniciado contra los trabajadores que «luchaban por sus puestos de trabajo», como rezaba la acusación. También archivaron el juicio de desafuero contra Leandro Gómez. Mensajes contradictorios de una justicia que a veces resuelve a favor de los trabajadores pero no garantiza que se cumpla.

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