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Nueve veces parados: por qué docentes y nodocentes universitarios levantan otra medida de fuerza
El 27 y 28 de agosto, universidades públicas pararán nuevamente. Es la novena medida de fuerza del año en reclamo por salarios que no alcanzan y una ley que el Gobierno lleva 300 días sin cumplir.
Desde que comenzó el año, docentes y trabajadores no docentes de las universidades públicas del país han parado nueve veces. Cada parada marca una promesa incumplida, un dinero que no llega, un salario que pierde valor mientras esperan. Este jueves 27 y viernes 28 de agosto será la novena vez que paren en 2026.
La FEDUN, FATUN y CONADU confirmaron la medida de 48 horas. No es un paro aislado. Es parte de un plan de lucha que arrancó hace meses y que, según los gremios, el Gobierno no ha dejado otra opción que intensificar. La alternativa de parar de nuevo refuerza lo que el sector lleva denunciando: cada medida de fuerza es un síntoma de fracaso en las negociaciones, no una decisión política de los trabajadores.
Trescientos días de incumplimiento
La Ley de Financiamiento Universitario fue aprobada por el Congreso en 2025 después de que el Gobierno inicial la vetara. Los legisladores la ratificaron. Desde ese momento hasta hoy han pasado 300 días. El Gobierno no la aplica.
Eso significa que las universidades públicas no reciben las transferencias que la ley establecía. Las partidas para funcionamiento, para becas, para laboratorios y hospitales universitarios quedan fuera del presupuesto real. Los gremios documentaron que mientras la ley ordena actualizar todos esos fondos a valores de noviembre de 2023, el Ejecutivo los mantiene congelados o apenas recompone una fracción.
Los 34 puntos que nadie repone
Los docentes pierden el 30% del poder adquisitivo desde diciembre de 2023. El Gobierno otorgó aumentos en los últimos meses, pero de forma unilateral y sin abrir paritarias. Los incrementos quedaron muy por debajo de la inflación. Según los gremios, la deuda acumulada alcanza el 31 por ciento a julio: treinta y cuatro puntos que el Gobierno se niega a reponer.
Los trabajadores con dedicaciones simples y semi-exclusivas fueron los más golpeados. Muchos dejaron sus cargos. Investigadores con posgrados se migran al sector privado o al exterior, empujados por la brecha de ingresos insostenible. No se trata solo de un reclamo salarial puntual. Es la desarticulación deliberada del sistema universitario público.
Promesas de junio que duraron poco
El 10 de junio el Gobierno y los gremios firmaron un acta de compromiso. Ahí se estableció que habría actualización de salarios y becas, recomposición del Fondo de Incentivo Docente (FONID), aumento del presupuesto de funcionamiento. Los gremios vieron en ese documento una puerta abierta. Tomaron nota de cada punto y comenzaron a contar los días para que se aplicara.
Hoy, a fines de agosto, los trabajadores universitarios recuperaron 21,33 puntos del salario que les adeudaban. El resto sigue pendiente. El FONID no se restituye. Las becas Progresar se mantienen en treinta y cinco mil pesos mientras la inflación devora su valor. El Gobierno convocó a nuevas paritarias para el 1 de septiembre, pero los gremios no confían: la historia de las últimas 48 horas sin cumplimiento enseña que las paritarias también pueden ser decorativas.
Cortes de clases, molestia social, pero sin respuesta
Cada paro tiene un costo social innegable. Estudiantes que no pueden presentarse a exámenes, familias que pierden el acceso a servicios de los hospitales universitarios, comunidades que dejan de recibir atención de profesionales formados en estas instituciones. Los gremios saben que paran sobre la espalda de otros trabajadores precarizados. Por eso aseguran que no eligen parar: el Gobierno cierra todas las puertas salvo esa.
Las cortes de clases son cada vez más frecuentes en el calendario universitario. Esto no afecta solo a docentes: impacta en estudiantes que ven postergado su avance, en investigadores cuyos proyectos se detienen, en hospitales universitarios que suspenden prestaciones, en profesionales que no pueden completar sus prácticas.
La Justicia también se metió
En abril la Justicia Nacional del Trabajo ordenó que se cumplieran los artículos 5 y 6 de la Ley de Financiamiento. La Corte Suprema lo avaló. Se supone que eso es vinculante. El Gobierno fue citado a audiencias públicas por incumplimiento. Rectores del Consejo Interuniversitario Nacional presentaron sus propios reclamos. Nada movió al Ejecutivo.
El 27 y 28 de agosto será la novena medida de fuerza. Los gremios ya advirtieron: si no hay respuestas cuando se discuta el Presupuesto 2027, habrá paros más prolongados. La educación pública universitaria argentina, que históricamente fue un orgullo de igualdad de oportunidades, está bajo ataque económico. Cada parada intenta frenar eso. Pero la novena parada también es síntoma de que el mensaje todavía no llegó.
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