La CTA autónoma denuncia a diputados que votaron a favor de la ley bases

El dirigente de la CTA Autónoma, Ricardo "Cachorro" Godoy, ha anunciado que presentará denuncias por incumplimiento de deberes de funcionarios públicos contra los diputados que votaron a favor de la polémica "Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos".

Esta ley, promovida por el presidente Javier Milei, ha sido fuertemente criticada por sectores de la oposición y sindicatos, quienes argumentan que vulnera derechos fundamentales de los trabajadores y beneficia desproporcionadamente a los sectores más poderosos del país

Godoy afirmó que los diputados que apoyaron la ley incumplieron con su responsabilidad de proteger los intereses y derechos de la ciudadanía. Según el dirigente sindical, la aprobación de esta ley representa un retroceso significativo en materia de derechos laborales y sociales, y acusó a los legisladores de actuar en contra del bienestar del pueblo argentino.

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En un documento remarcaron que "debe considerarse interpuesta contra toda persona que, durante la investigación, pudiese resultar identificada como cómplice y/o instigadora de los hechos denunciados, particularmente ya adelantamos que el Sr. Presidente de la Nación, Javier Milei debe ser investigado como posible instigador (art. 45 del Código Penal) al enviar el Proyecto de Ley",

La "Ley de Bases", que obtuvo la media sanción en la Cámara de Diputados, fue apoyada principalmente por el bloque de La Libertad Avanza, el PRO, y sectores de la Unión Cívica Radical y otros aliados. En contraste, fue rechazada por la mayoría de los diputados de Unión por la Patria y del Frente de Izquierda [[?]](https://www.mdzol.com/politica/2024/2/2/uno-por-uno-quienes-fueron-los-diputados-que-votaron-la-ley-omnibus-de-javier-milei-403180.html)

Godoy, junto con otros líderes sindicales y de movimientos sociales, ha organizado varias movilizaciones y protestas en todo el país para expresar su rechazo a esta normativa. Asimismo, se han planteado estrategias legales para frenar la implementación de la ley, incluyendo la presentación de recursos judiciales y la solicitud de medidas cautelares

La controversia alrededor de esta ley refleja la polarización política actual en Argentina y la creciente tensión entre el gobierno de Milei y los sectores opositores. Mientras tanto, el debate sobre el futuro de los derechos laborales y sociales en el país continúa intensificándose.