La privatización y relicitación de los corredores viales nacionales impulsada por el Gobierno de Javier Milei ya tuvo un fuerte impacto sobre el empleo en Corrientes: 150 trabajadores de las estaciones de peaje del corredor vial del Litoral fueron despedidos y recibieron la liquidación de sus indemnizaciones.
Los empleados prestaban tareas en las estaciones ubicadas en el puente interprovincial General Belgrano, Riachuelo e Ituzaingó, sobre la Ruta Nacional 12. Ahora, los trabajadores permanecen a la espera de definiciones sobre su futuro laboral ante la implementación del nuevo esquema de concesiones.
Privatización de rutas: preocupación por la pérdida de puestos de trabajo
Uno de los principales motivos de preocupación entre los trabajadores es que los nuevos pliegos de concesión contemplan una mayor utilización de sistemas automatizados de cobro mediante código QR.
La incorporación de estas tecnologías podría reducir la cantidad de empleados necesarios en las cabinas de peaje y dificultar la reincorporación de quienes fueron desvinculados durante el proceso de transición.
De esta manera, el conflicto no se limita a los despidos ya concretados, sino que también alcanza las perspectivas laborales de quienes durante años desarrollaron tareas en las estaciones de cobro.
El Gobierno adjudicó ocho corredores viales
El proceso de privatización avanzó formalmente este lunes con la publicación de la Resolución 1379/2026 del Ministerio de Economía en el Boletín Oficial.
La medida adjudicó ocho tramos de rutas nacionales a empresas privadas por un período de 20 años. En conjunto, los corredores abarcan más de 3.900 kilómetros distribuidos en 11 provincias.
El nuevo esquema establece que las concesiones funcionarán sin subsidios del Estado y que las empresas deberán financiar la operación mediante el cobro de peajes.
En Corrientes, el Tramo Litoral, que comprende las rutas nacionales 12 y 16, fue adjudicado a JCR S.A. y Néstor Julio Guerechet S.A., con una tarifa base establecida en $2.876,04 más IVA.
Los trabajadores afectados quedaron a la espera de definiciones sobre su futuro laboral en un contexto de creciente incertidumbre.
Reclamos por el impacto de los nuevos peajes
La nueva modalidad también generó cuestionamientos por el impacto que podría tener sobre quienes utilizan las rutas nacionales para trabajar, estudiar, comerciar o trasladarse entre localidades.
El gobernador de Misiones, Hugo Passalacqua, manifestó su preocupación ante la posibilidad de instalar un nuevo peaje sobre la Ruta Nacional 12, en cercanías de Puerto Rico.
En Corrientes, además, se analiza la instalación de una nueva estación de peaje en las proximidades de Paso de los Libres, sobre la Ruta Nacional 14, uno de los principales pasos fronterizos utilizados por el transporte de cargas del Mercosur.
Los despidos se extienden a otros corredores viales
Los 150 despidos en Corrientes se suman a las denuncias realizadas por trabajadores de otras provincias que también perdieron sus puestos en el marco del proceso de privatización de las rutas nacionales.
Mientras el Gobierno avanza con el nuevo modelo de concesiones, los trabajadores reclaman respuestas sobre su continuidad laboral y cuestionan el impacto que la automatización y la reducción de personal tendrán sobre cientos de familias.
El Ejecutivo sostiene que el nuevo sistema busca reemplazar esquemas deficitarios y mejorar el estado de las rutas sin recurrir a recursos fiscales. Para los trabajadores afectados, en cambio, la transición ya se tradujo en despidos y pérdida de fuentes laborales.
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