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Abel Furlán denunció ante la Corte excesos de la intervención en la UOM y abrió un nuevo frente en la disputa por el gremio
El exsecretario general metalúrgico presentó un escrito ante la Corte Suprema de Justicia cuestionando el manejo del interventor Alberto Biglieri, en medio de un conflicto que ya incluye la obra social del gremio, un convenio laboral en Campana y el reclamo de un llamado a elecciones.
La disputa por la conducción de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) sumó esta semana un nuevo capítulo: Abel Furlán, el secretario general desplazado de su cargo tras la intervención del gremio dispuesta en mayo, presentó un escrito ante la Corte Suprema de Justicia denunciando lo que considera excesos por parte del interventor a cargo, el abogado Alberto Biglieri.
De una intervención de 180 días a una gestión que se extiende
La intervención de la UOM se dispuso en mayo de 2026, después de que se anulara la elección nacional del sindicato, y se fijó originalmente por un plazo de 180 días. El planteo central de Furlán ante la Corte es que ese plazo ya se superó ampliamente en los hechos, y que lo que debía ser una administración transitoria hasta nuevas elecciones se transformó, según su presentación, en una gestión de duración indefinida sin que se convoque a un nuevo proceso electoral.
La obra social, en el centro del reclamo
Uno de los puntos más sensibles de la denuncia tiene que ver con OSUOMRA, la obra social del gremio metalúrgico. Según el escrito presentado por Furlán, Biglieri habría excedido las facultades que le corresponden como interventor, avanzando sobre la dirección de la obra social más allá de lo que implica simplemente sostener su funcionamiento cotidiano mientras dura la intervención.
Un convenio de 36 meses firmado durante una gestión transitoria
Otro de los hechos que Furlán marca como contradictorio es la firma, durante la intervención, de un convenio laboral con la empresa FTN Motors S.A. en Campana, que incorpora lo que se describe como el primer banco de horas del sector metalúrgico. La particularidad es que ese acuerdo tiene una vigencia pactada de 36 meses, muy por encima de los 180 días que originalmente se le fijaron a la intervención: para Furlán, resulta cuando menos llamativo que una gestión pensada como transitoria comprometa al gremio con condiciones laborales que van a regir mucho después de que esa intervención debería haber terminado.
Cambios en las estructuras internas del gremio
La denuncia también apunta a decisiones puertas adentro de la organización: el cierre del Instituto de Formación Político Sindical y la desvinculación de los equipos técnicos que elaboraban informes propios sobre salarios, empleo y condiciones laborales del sector, herramientas que el gremio usaba para sostener su propia posición en las negociaciones paritarias. A esto se suma la reincorporación de Betiana Gorosito, presidenta de Donington S.A. —empresa del Grupo Olmos—, con poderes bancarios sobre las cuentas del sindicato que Furlán había revocado durante su gestión, y la incorporación de Ariel Raúl Sosa al gabinete de asesores del interventor.
Lo que reclama Furlán
En síntesis, el planteo del exsecretario general combina varios ejes: que la intervención excedió sus facultades sobre el Consejo Directivo del gremio, que existe una demora injustificada en convocar a nuevas elecciones, y que algunas de las decisiones tomadas durante este período —como el convenio de Campana o los cambios en la obra social— exceden lo que debería limitarse a sostener la actividad ordinaria del sindicato mientras se define su conducción legítima. Furlán advierte, además, que la extensión de la intervención podría terminar funcionando como una forma de auditar y cuestionar su propia gestión anterior, en un momento en que todavía no hay fecha confirmada para el llamado a elecciones.
La agenda pública de Furlán sigue activa
Mientras el conflicto judicial avanza, Furlán mantiene actividad pública: este jueves participará de una clase abierta sobre "Emergencia Económica, Derechos Colectivos y Desarrollo", donde compartirá panel con Rodolfo Aguiar, de la conducción nacional de ATE, Daniel Yofra, de la Federación de Trabajadores Aceiteros, y José Pérez Debelli, de la ANEF de Chile. La actividad, más allá de su contenido específico, funciona también como una forma de sostener visibilidad pública en medio de una disputa donde la conducción efectiva del gremio metalúrgico todavía está lejos de resolverse.
El desenlace de esta presentación ante la Corte Suprema puede marcar un punto de inflexión en un conflicto que ya lleva varios meses: si el máximo tribunal avala el reclamo de Furlán, la intervención podría verse obligada a acelerar el llamado a elecciones; si lo desestima, es probable que la actual conducción interventora consolide su margen de acción por un tiempo todavía mayor al ya transcurrido.
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