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ATE le reclama a Kicillof un pase a planta masivo y va al paro el 7 de octubre
El gremio de estatales bonaerenses convocó a una jornada de lucha con movilización a la Legislatura para exigir la regularización de becarios y contratados
La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) de la provincia de Buenos Aires anunció una jornada de paro y movilización a la Legislatura bonaerense fijada para el miércoles 7 de octubre. La conducción sindical busca presionar sobre la discusión del Presupuesto provincial y le exige al gobierno de Axel Kicillof la creación de los cargos necesarios para concretar un pase a planta permanente masivo de todas las personas en situación de precarización laboral.
Becarios y contratados, en el centro del reclamo
El reclamo alcanza a trabajadores bajo modalidades de contratación precarias, incluyendo a becarios y diversos regímenes temporales del Estado provincial. "El Presupuesto Provincial debe constituir una herramienta para garantizar derechos, fortalecer el Estado, mejorar las condiciones laborales y salariales de las y los trabajadores y dar respuesta a las necesidades del conjunto de la sociedad bonaerense", expresaron desde la conducción de ATE Buenos Aires en el documento que acompañó la convocatoria.
Más impuestos a los altos ingresos y boleto gratuito
En el documento difundido por el gremio se plantea la necesidad de amortiguar las consecuencias socioeconómicas del ajuste ejecutado por el Gobierno nacional, para lo cual le piden a la administración provincial avanzar en medidas distributivas de fondo. Entre ellas, proponen implementar una mayor progresividad tributaria que incremente la carga fiscal sobre los sectores de mayor capacidad contributiva en la provincia, volcando esos fondos a la recomposición salarial de los estatales.
El gremio también demanda el boleto de transporte gratuito para el personal de las áreas de Salud y Educación, debido al fuerte impacto que tiene el costo del pasaje sobre los salarios, y reclama mayores partidas presupuestarias provinciales para constituir un Consejo del Salario Municipal, un espacio institucional de discusión salarial en los 135 municipios bonaerenses. A esto se suma el pedido de avanzar formalmente hacia la implementación de un Convenio Colectivo de Trabajo único para el sector público bonaerense que garantice estabilidad y desarrollo de la carrera administrativa.
Más demanda social, menos personal
Desde el sindicato fundamentaron la medida de fuerza argumentando que la crisis económica nacional genera un aumento sustancial de la demanda social en los servicios públicos provinciales. Por este motivo, instaron a Kicillof y a las bancadas parlamentarias a contemplar mayores partidas y la incorporación de personal en áreas críticas antes de dar tratamiento definitivo a la ley de leyes en la Legislatura platense, advirtiendo que sin ese refuerzo las áreas de salud, educación y asistencia social podrían quedar desbordadas.
Un conflicto que se extiende en el tiempo
El anuncio del paro llega días después de que el Gobierno provincial retomara las negociaciones salariales con ATE, UPCN y Fegeppba el 24 de septiembre en el Ministerio de Trabajo, un encuentro que terminó sin una oferta salarial concreta sobre la mesa. Para ATE, esa falta de respuesta en la paritaria se suma ahora al debate presupuestario como un segundo frente de presión: si la Legislatura avanza con el Presupuesto 2027 sin contemplar los pases a planta y las partidas que reclama el gremio, la organización ya anticipó que profundizará su plan de lucha en los meses siguientes.
Un reclamo que excede a la provincia de Buenos Aires
El planteo de ATE bonaerense se da, además, en un contexto nacional donde la precarización laboral en el sector público viene siendo un reclamo recurrente de distintas seccionales del gremio en todo el país, desde la obra social de las Fuerzas Armadas hasta organismos nacionales como la Comisión Nacional de Energía Atómica. Para la conducción de ATE, esa coincidencia no es casual: atribuyen la multiplicación de conflictos a una misma política de ajuste sobre el empleo público que, según el sindicato, prioriza la reducción de personal contratado y becario por sobre la incorporación a planta permanente, sin importar el área o el nivel de gobierno de que se trate.
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