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Docentes y nodocentes volvieron a movilizarse frente al Palacio Pizzurno por el financiamiento universitario
La Justicia ya rechazó el pedido del Gobierno de levantar la cautelar que obliga a aplicar la Ley de Financiamiento Universitario. Aun así, el conflicto sigue sin resolverse y ya hay una nueva Marcha Federal confirmada para octubre.
El conflicto universitario no da tregua. Este jueves, docentes y nodocentes de universidades nacionales de todo el país volvieron a concentrarse frente al Palacio Pizzurno, sede del Ministerio de Educación, en el marco de una nueva jornada de protesta por el incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario. La medida coincidió con mesas de negociación paritaria que, según los propios gremios, avanzan mucho más lento de lo que la urgencia salarial y presupuestaria exige.
Una ley que existe, pero no se cumple
La Federación Argentina del Trabajador de las Universidades Nacionales (FATUN) fue categórica: el conflicto con el Gobierno nacional ya no se limita a una discusión presupuestaria o salarial, sino que pone en juego directamente el respeto a las leyes y a las instituciones democráticas. La consigna que repiten en cada comunicado resume el reclamo de fondo: "Dentro de la Ley todo. Fuera de la Ley nada".
Ese reclamo tiene un correlato judicial concreto. La Justicia rechazó el pedido del Poder Ejecutivo de levantar la medida cautelar que lo obliga a avanzar con la implementación de la Ley 27.795 de Financiamiento Universitario. En otras palabras: la ley sigue vigente, la Justicia ratificó que hay que cumplirla, y sin embargo los fondos comprometidos para salarios, becas y presupuesto de funcionamiento siguen sin llegar en tiempo y forma a las universidades.
Una semana entera de protesta
La movilización de este jueves no fue un hecho aislado, sino la culminación de una semana de acciones. El martes 15 de septiembre se había realizado una jornada nacional bautizada "La Universidad en la Calle", con actividades en distintos puntos del país para visibilizar el conflicto salarial y presupuestario. Docentes y nodocentes combinaron clases abiertas en la vía pública, marchas y paros parciales, una estrategia pensada para sostener la presión sin resignar por completo el dictado de clases.
La confirmación judicial de que la cautelar sigue vigente le da al reclamo gremial un respaldo que va más allá de la protesta callejera: no se trata solo de una demanda política, sino de una obligación legal que, según la propia Justicia, el Estado todavía no está cumpliendo. Esa diferencia es la que los gremios remarcan una y otra vez frente a quienes intentan reducir el conflicto a una simple puja salarial más.
La próxima cita: octubre
Lejos de mostrar señales de agotamiento, el plan de lucha se proyecta hacia adelante: gremios universitarios ya confirmaron una nueva Marcha Federal para la primera semana de octubre, que unificará a FATUN (nodocentes), FEDUN, CONADU, CONADU Histórica, UDA, FAGDUT (docentes), CTERA, la Federación Universitaria Argentina (FUA) en representación de los estudiantes, y el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN). Sería la quinta marcha federal en lo que va del conflicto, un número que por sí solo describe cuánto tiempo lleva esta disputa sin resolverse.
Para los trabajadores universitarios, la persistencia del reclamo no es capricho: la falta de fondos impacta directamente en salarios que pierden poder adquisitivo mes a mes, en becas estudiantiles que no se actualizan, y en el funcionamiento cotidiano de las universidades públicas, desde el mantenimiento edilicio hasta los insumos básicos de laboratorios y bibliotecas. Mientras el Gobierno y los gremios no logren destrabar la implementación efectiva de la ley, todo indica que las calles seguirán siendo, una vez más, el escenario donde se dirime el conflicto.
Que ya se hable de una quinta marcha federal, sin que el conflicto original haya encontrado todavía una resolución de fondo, es en sí mismo un indicador de lo desgastante que resulta este tipo de disputas tanto para el sistema universitario como para quienes trabajan y estudian en él, sostenidos por una organización gremial que no parece dispuesta a bajar los brazos mientras la ley siga sin aplicarse.
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