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Ni la Corte para la desobediencia: los gremios universitarios preparan escalada de paros tras el fracaso de la mediación
Docentes y nodocentes del Frente Sindical analizan nuevas medidas de fuerza tras la fallida audiencia judicial sobre el financiamiento universitario. El Gobierno sigue sin aplicar la ley aprobada por el Congreso, pese a los fallos judiciales que lo obligan a hacerlo.
La mediación judicial sobre la Ley de Financiamiento Universitario fracasó sin acuerdos. Mientras el Poder Ejecutivo sigue sin cumplir lo que la Corte Suprema ya le ordenó,docentes y nodocentes del Frente Sindical ya evalúan nuevas medidas de fuerzapara continuar el plan de lucha. El tiempo se agota: pasaron más de 300 días desde que el Gobierno suspendió la aplicación de una norma aprobada dos veces por el Congreso y ratificada nuevamente en el presupuesto 2026.
De una audiencia a más paros: cómo escala el conflicto
El encuentro fue convocado por el juez Martín Cormick en el marco de la causa por la ley de financiamiento universitario, que continúa sin ser cumplida por el Ejecutivo. Desde los gremios que representan a los docentes (CONADU, CONADUH y FEDUN, CTERA, CEA, UDA, FAGDUT) y a los NODOCENTES (FATUN), ya anunciaron que junto al Consejo Interuniversitario Nacional (Rectores) y la Federación Universitaria Argentina (Estudiantes) evaluarán medidas de fuerza el próximo lunes, para «contiunuar el plan de lucha».
No es casualidad que la Justicia haya convocado a mediación: la Corte Suprema había avalado una medida cautelar que obligaba al Gobierno a girar los recursos previstos por la norma y cubrir la diferencia salarial perdida por docentes y no docentes desde 2024. Sin embargo, las instituciones académicas sostienen que esa decisión aún no fue aplicada. La desobediencia de una orden judicial es un punto de quiebre: sin consecuencias concretas (multas, procesos penales), la mediación termina siendo un trámite.
La oferta oficial: crumbs para quien debe billones
Mientras que el Poder Ejecutivo debe aumentar los salarios más del 30 por ciento para cumplir con la Ley de Financiamiento Universitario, sólo ofreció una suba del 3 por ciento. En una paritaria reciente, la brecha fue aún más brutal: el Gobierno trajo una propuesta de 3% de recomposición, equivalente aproximadamente al 10% de la recomposición que consideran adeudada.
La delegación oficial, integrada por el procurador del Tesoro, Sebastián Amerio, el subprocurador Julio P. Comadira y el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Alvarez, tomó nota de los reclamos y recordó las medidas adoptadas por la administración, entre ellas la convocatoria a paritarias prevista para el 1 de septiembre. Pero de fondo, la estrategia oficial sigue siendo la misma: decir que "se analiza" mientras el tiempo trabaja a su favor y los trabajadores pierden poder adquisitivo.
Hospitales universitarios al borde: un problema invisible que agrava el conflicto
El vicerrector de la UBA, Emiliano Yacobitti, alertó sobre la «grave situación presupuestaria» de los hospitales universitarios y pidió la asignación de los créditos establecidos en el Presupuesto 2026. La UBA había advertido meses atrás que los centros médicos podían llegar a una «parálisis total» si no recibían las partidas necesarias para sostener su funcionamiento. No es solo un problema presupuestario: son espacios donde se atiende población vulnerable y se forma a estudiantes de medicina. Un colapso afecta a miles de personas ajenas al conflicto laboral.
¿Por qué el Gobierno frena una ley cuando la Justicia dice que debe cumplirla?
La norma obliga al Ejecutivo a actualizar las partidas de funcionamiento universitario conforme a la inflación, recomponer salarios docentes y no docentes, fortalecer becas estudiantiles y garantizar paritarias periódicas. Sin embargo, pese a la promulgación mediante el Decreto 759/2025, el Gobierno suspendió su aplicación argumentando que la ley no especificaba las fuentes de financiamiento necesarias.
Es un argumento técnico que oculta una decisión política. La posición del Gobierno es que la ley sancionada por el Congreso es "ilegal" porque, bajo su interpretación, no cumple con la normativa de administración financiera que exige identificar la fuente de los recursos. La Justicia ya rechazó este argumento. El PEN apeló esta sentencia, la cual fue rechazada por la Cámara Contencioso Administrativo Federal el 31 de marzo de 2026 al considerar «poco serios» los argumentos del gobierno nacional. Pero rechazar no es lo mismo que obligar a cumplir: falta que la justicia penal intervenga.
Qué sigue: más paros, sin garantías de que algo cambie
Las federaciones docentes ya confirmaron un paro de 24 horas para el día miércoles 2 de septiembre. A su vez, se espera que el Frente Sindical Universitario se reúna al día siguiente para evaluar cómo seguir. El plenario del Consejo Universitario Nacional convocado para Bariloche el 3 de septiembre será clave: ahí decidirán si escalan a medidas prolongadas o si convocan a nuevas marchas federales.
Tras la reunión de la semana pasada, donde lograron coincidir en una propuesta económica, en los días posteriores avanzaron en el acuerdo sobre cómo ejecutarla. Pero ese acuerdo de junio sigue sin materializarse en los bolsillos. Las centrales sindicales no bajan la guardia en el marco del incumplimiento manifiesto del gobierno nacional, a pesar del fallo de la Corte. Es la batalla de un sector que ya lleva meses sin poder adquisitivo: necesita que gane en la calle y en los juzgados, porque solo así el Ejecutivo cede.
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