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Universidades en paro de 48 horas: el pulso sigue por una ley que el Gobierno se niega a cumplir
FEDUN, FATUN y CONADU convocan a docentes y no docentes universitarios a dejar de trabajar el jueves 27 y viernes 28 de agosto. El reclamo es por el financiamiento que la Corte Suprema ordenó aplicar hace meses pero el Ejecutivo dilata.
Las universidades nacionales volverán a parar mañana. Los gremios que nuclean a docentes y trabajadores no docentes confirmaron una medida de 48 horas para jueves 27 y viernes 28 de agosto en reclamación del cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario, una norma que el Congreso sancionó hace casi once meses pero que el Gobierno nacional se resiste a aplicar pese a los mandatos judiciales que lo obligan a hacerlo.
Qué sucede en las universidades mañana
La Federación de Docentes de Universidades (FEDUN) y la Federación del Trabajador de Universidades Nacionales (FATUN), que representa a no docentes, encabezarán la convocatoria. También la Confederación Nacional de Docentes Universitarios (CONADU) confirmó su adhesión. La medida paraliza el dictado de clases en todas las casas de estudio públicas que adhieran, lo que significa que estudiantes de grado y posgrado verán sus actividades suspendidas o modificadas durante esos dos días.
Se trata del segundo paro en menos de dos semanas, tras la medida del 18 al 22 de agosto convocada por CONADU Histórica que dejó al descubierto el hartazgo acumulado en el sector. El calendario de conflictividad se repite porque el Gobierno no da señales de ceder en su negativa a cumplir lo que debe cumplir.
Por qué paran si la ley ya fue aprobada
La Ley 27.795 de Financiamiento Universitario fue sancionada por el Congreso el 2 de octubre de 2025 tras superar el veto presidencial. La norma dispone la actualización automática de salarios docentes y no docentes de acuerdo a la inflación acumulada desde diciembre de 2023, mes en que Javier Milei asumió. También obliga a actualizar el presupuesto de funcionamiento de las universidades con la misma metodología.
El Gobierno la vetó en octubre de 2024. Una vez que el Congreso la sancionó nuevamente, la judicialización fue inevitable. El 25 de junio pasado, la Corte Suprema rechazó el último recurso extraordinario que presentó el Ejecutivo, dejando firme una medida cautelar del juez Martín Cormick que obliga al Estado a cumplir con los artículos 5 y 6 de la ley. Hace casi 300 días de esto. El Gobierno sigue dilaterando.
La brecha salarial que persiste
En junio, tras una negociación paritaria, el Ejecutivo otorgó un aumento del 21,3 por ciento para docentes y no docentes. Suena considerable, pero los propios gremios documentan que es insuficiente. Según representantes de la Asociación Gremial Docente de UBA (AGD-UBA, afiliada a CONADU Histórica), ese incremento no cubre ni la mitad de lo adeudado. Persiste una brecha del 28,5 por ciento para alcanzar la equiparación que la ley establece. Además, reclaman que el ajuste se abone de forma retroactiva desde octubre de 2025, cuando la norma entró en vigencia.
Los cálculos de los gremios señalan que los docentes universitarios acumulan una pérdida de poder adquisitivo cercana al 40 por ciento desde que Milei asumió la presidencia. Para recuperarse, necesitarían incrementos superiores al 50 por ciento. El 21,3 que cobran queda lejos.
El pulso político tras la medida de fuerza
El conflicto trasciende la negociación salarial. Se trata de un pulso político entre el Ejecutivo que pretende reescribir las reglas de financiamiento universitario a su medida, y los gremios que defienden una ley sancionada por el Congreso y avalada por todos los tribunales. El Gobierno alega que cumple con las transferencias presupuestarias que corresponden, pero elude la aplicación de la cláusula de actualización automática que la norma prevé.
Desde Capital Humano sostienen que ya transfirieron fondos correspondientes a incrementos salariales, pero niegan la recomposición integral que ordena la ley. Los gremios contestan que se trata de transferencias para gastos corrientes, no de la actualización que exige la Ley 27.795.
Por qué importa esto para los trabajadores
El conflicto universitario instaló un interrogante incómodo: si una ley sancionada por el Congreso, ratificada por los tribunales y confirmada por la Corte Suprema sigue sin cumplirse ocho meses después de la sentencia definitiva, qué garantía tienen los trabajadores sobre sus derechos laborales. Los docentes universitarios son los termómetro de un Ejecutivo que desafía mandatos judiciales cuando se oponen a sus planes fiscales, así que lo que suceda en los próximos paros afectará el escenario de conflictividad laboral en otras ramas.
Los gremios advierten que el plan de lucha continuará. Hay nuevas reuniones paritarias convocadas para septiembre. Si el Gobierno no cede, el calendario registrará más jornadas de protesta, más aulas cerradas y más tensión social acumulada en un sector que había logrado cierta estabilidad antes de que Milei asumiera y los ajustes desataran esta batalla.
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