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27 aeropuertos en rojo: el paro de ATE que expuso el pulso entre trabajadores y Gobierno
Los empleados de ANAC consiguieron postergar su medida de fuerza tras reclamar audiencia pública por salarios incumplidos desde enero. Qué piden y por qué la seguridad aérea depende de este pulso sindical.
La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) anunció un paro nacional de 48 horas para los días 3 y 4 de septiembre que afectaría de manera directa la operatoria de los aeropuertos en todo el país. Pero la historia que se desarrolló en esas jornadas fue menos sobre vuelos cancelados y más sobre un pulso político: minutos antes de las 9 de la mañana del jueves, cuando debería iniciarse la primera franja de protesta, ATE resolvió posponer momentáneamente el inicio de las medidas gremiales previstas a la espera de que el Ministerio de Trabajo convocara a una audiencia urgente.
La medida alcanzaba a 27 aeropuertos en todo el territorio argentino durante este jueves 3 y viernes 4 de septiembre, con interrupciones en dos franjas horarias cada día. Lo singular no fue la amenaza en sí —ATE ya había peleado antes este año por actualización salarial—, sino la tensión que derivó: el Gobierno intimó al gremio a garantizar servicios mínimos, ATE rechazó la intimación como ilegal, y ambos quedaron en una zona gris donde no había audiencia ni negociación.
Tres demandas concretas que vienen desde enero
Detrás del paro anunciado había un acumulado de reclamos que ATE sostenía sin respuesta oficial. Desde enero, el Gobierno viene incumpliendo con los acuerdos paritarios y además ha desfinanciado las áreas operativas y de fiscalización en todos los aeropuertos. El sindicato formalizó tres reclamos concretos: el pago de los salarios con los aumentos correspondientes a ítems extra paritarios ya acordados, la reapertura de la paritaria sectorial y el financiamiento para las tareas operativas del Servicio de Salvamento y Extinción de Incendios y de fiscalización en los aeropuertos.
"Los salarios se encuentran absolutamente deteriorados y no se corresponden con las altas responsabilidades que se ejercen en el sector", afirmó Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE Nacional. Eso traducido a números: la pérdida del poder adquisitivo en toda la Administración Pública Nacional supera el 40% desde que asumió Javier Milei. Para los trabajadores de ANAC, eso significa que hace nueve meses esperan cobrar adicionales que el Gobierno no les acreditó, mientras que ven cómo se desfinancia el personal que opera y fiscaliza los aeropuertos.
Por qué la seguridad aérea no es un detalle en esto
El conflicto gremial impacta en servicios críticos en tierra, incluyendo las tareas de fiscalización y control normativo aeronáutico, la sanidad aeroportuaria y los servicios de salvamento y extinción de incendios en las pistas. ATE no solo reclama sueldos: alerta que esos servicios operan con personal insuficiente y recursos congelados, lo que genera riesgos. Esto, a juicio de ATE, compromete la seguridad tanto de los trabajadores como de los pasajeros, debido a la falta de recursos y herramientas adecuadas.
Ese argumento fue el que le dio peso real a la amenaza. Sin la presencia del personal de ANAC garantizando las condiciones de seguridad operativa exigidas por los protocolos internacionales, las aerolíneas se verían imposibilitadas de despegar. No era un paro de pasantes: era la estructura misma del tránsito aéreo nacional la que estaba en juego.
La intimación del Gobierno y la respuesta sindical
La Nación intimó al gremio a garantizar los servicios mínimos durante la medida de fuerza y ATE respondió con un rechazo formal, cuestionó la decisión administrativa y pidió una audiencia urgente para acordar cómo se instrumentaría la prestación. El Gobierno argumentaba que era obligatorio garantizar, como mínimo, el 75% de las prestaciones aéreas durante las franjas horarias alcanzadas por la medida de fuerza, en el marco de la normativa vigente que regula los servicios esenciales.
ATE no discutía que la aviación es servicio esencial. Discutía que el Gobierno le endosaba al sindicato la responsabilidad de garantizar servicios sin haber reabierto la negociación paritaria ni resuelto el incumplimiento salarial. Marcelo Belelli, coordinador de ATE-ANAC, exigió al Ministerio de Trabajo que convocara una audiencia «para definir las acciones de esencialidad que propone el Gobierno nacional».
El desenlace (por ahora): la postergación como herramienta
El paro de trabajadores de ATE que estaba previsto para este jueves y viernes en los aeropuertos del país fue suspendido a la espera de una instancia de diálogo con las autoridades. Desde el gremio confirmaron que las medidas quedaron postergadas hasta el lunes. No fue una renuncia: fue una apuesta a que el Gobierno movería fichas si la medida se aplazaba.
Fuentes sindicales atribuyeron la eventual moderación de la medida a la expectativa de una respuesta del Gobierno a sus reclamos, respuesta que, según ATE, no llegó a producirse con la antelación suficiente. La jugada ponía a ATE en una posición política clara: si el Ministerio de Trabajo no convocaba a audiencia y no se avanzaba en las demandas, la medida se reactivaría. Si la audiencia ocurría, el paro quedaría en la mesa de negociación.
Por qué esto importa ahora
Más allá de los vuelos, el pulso de ATE le recordó al Gobierno que los trabajadores del Estado no quedaron aplastados en la embestida de los primeros meses. Los empleados de ANAC ganaron visibilidad para tres reclamos que afectan a toda la administración pública: salarios incumplidos, paritarias congeladas y desfinanciamiento de servicios. La postergación de última hora del paro no fue una derrota: fue un cambio de táctica.
Para los trabajadores que vuelan o que laboran en los aeropuertos, la lección es simple: ATE sostiene que el Gobierno nacional mantiene incumplimientos de acuerdos paritarios desde enero y reclama la reapertura de la negociación sectorial. Eso es lo que está en disputa. El resto —demoras, cancelaciones, inconvenientes— son síntomas de un conflicto que no se resolvió en esas 48 horas ni se resolverá en la próxima audiencia si no hay dinero ni voluntad política para cumplir lo que ya fue acordado.
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