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Las CTA reclaman restablecer el programa "Volver al Trabajo", que dejó sin ingresos a 956.000 trabajadoras

La eliminación del programa golpeó de lleno a quienes sostienen comedores y merenderos comunitarios en todo el país, un trabajo social que recae mayoritariamente sobre mujeres y que hasta hace poco recibía un ingreso complementario del Estado.

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Por Admin3 min de lectura
Mujeres cocinando y sirviendo platos de comida en un comedor comunitario
Mujeres cocinando y sirviendo platos de comida en un comedor comunitario

Capital Humano decidió terminar con el programa "Volver al Trabajo", una de las iniciativas que había reemplazado a Potenciar Trabajo, y sus beneficiarias dejaron de percibir el ingreso complementario a partir de septiembre. Según denuncian las Centrales de Trabajadores de la Argentina (CTA), la medida perjudicó a 956.000 trabajadores y trabajadoras en todo el país, "fundamentalmente mujeres", que sostienen con su trabajo cotidiano comedores comunitarios, merenderos y otros espacios de contención social.

Un ingreso chico, pero decisivo

El monto que aportaba el programa —$78.000 mensuales— puede parecer modesto frente a otras discusiones salariales, pero para quienes lo recibían funcionaba como un complemento decisivo dentro de la economía de cooperativas y organizaciones comunitarias. En Río Negro, por ejemplo, la CTA local calculó que unas 12.000 personas dejaron de percibirlo en esa provincia, dentro de un total de alrededor de 900.000 beneficiarios a nivel nacional que dependían de ese ingreso para sostener, en muchos casos, tareas que ninguna otra fuente de financiamiento estaba cubriendo.

La Justicia, en el medio de la disputa

La Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) había recurrido a la Justicia para intentar reactivar las transferencias de dinero suspendidas, y en un primer momento logró una orden judicial que exigía mantener las acreditaciones. Sin embargo, una Cámara Federal con sede en San Martín terminó revocando esa orden, lo que dejó a las beneficiarias nuevamente sin el respaldo judicial que habían conseguido en la instancia anterior.

Ese vaivén judicial —una orden que exige mantener el pago, revocada poco después por una instancia superior— deja a las beneficiarias en una situación de incertidumbre constante, sin saber si el reclamo por la vía de la Justicia va a terminar restableciendo el ingreso o si van a tener que sostener sus comedores y merenderos exclusivamente con donaciones y esfuerzo propio mientras la disputa sigue abierta.

El reclamo va más allá del dinero

En un comunicado conjunto, distintas organizaciones sociales y sindicales pidieron explícitamente al Gobierno que restablezca y actualice el programa "Volver al Trabajo", recordando que había surgido de la ley que creó el Salario Social Complementario y que luego fue derogado por la actual gestión. El planteo no es solo por el ingreso en sí, sino por lo que ese ingreso sostiene: sin él, advierten las organizaciones, la continuidad de comedores y espacios comunitarios que asisten a miles de familias queda en riesgo concreto.

La discusión conecta, además, con un problema estructural más amplio: la brecha salarial de género en Argentina, que según distintas mediciones oficiales se ubica entre el 21% y el 27% dependiendo del sector y la metodología utilizada. Buena parte de esa brecha se explica porque las mujeres tienden a concentrarse en trabajos peor remunerados —como el cuidado comunitario, la educación o la salud— frente a sectores mejor pagados donde predominan los varones. La eliminación de un programa que sostenía justamente a mujeres en tareas de cuidado comunitario profundiza, en los hechos, esa misma desigualdad que las estadísticas oficiales ya venían señalando.

Detrás de cada comedor o merendero sostenido con este tipo de programas hay, además, una red de contención que excede lo estrictamente alimentario: son también espacios de cuidado infantil, de acompañamiento comunitario y, en muchos barrios, prácticamente el único punto de referencia social organizado. Que ese entramado dependa de un ingreso de $78.000 que el Estado decidió discontinuar deja en evidencia cuán frágil es, en los hechos, buena parte de la red que sostiene a las comunidades más golpeadas por la crisis económica.

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