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La UTA le advirtió a Lugones que las obras sociales sindicales atraviesan un "estado económico sumamente crítico"
Roberto Fernández, titular de la obra social de los colectiveros, pidió una respuesta del Estado y señaló la caída de aportes, el aumento de costos y la falta de control sobre los prestadores
El secretario general de la Unión Tranviarios Automotor (UTA), Roberto Fernández, advirtió al ministro de Salud, Mario Lugones, que las obras sociales sindicales atraviesan una situación que compromete su funcionamiento y reclamó una respuesta del Estado frente al deterioro del sistema de salud. La advertencia se formuló en una nota enviada el martes 22 de septiembre, en la que Fernández, en su carácter de presidente de la Obra Social de Conductores de Transporte Colectivo de Pasajeros, expuso la situación de la entidad y planteó que la crisis afecta al conjunto de las obras sociales sindicales.
"Las Obras Sociales son los agentes naturales y principales actores del sistema. Sin embargo, dichas entidades se encuentran en un estado económico sumamente crítico que compromete su existencia y amenaza con un cambio radical en la cobertura de salud para más de la mitad de la población de nuestro país", sostuvo el dirigente en la misiva. Fernández reclamó una "escucha activa" del Gobierno y una participación política que permita atender las necesidades de los trabajadores y sus familias.
Caída de aportes y crisis del transporte
En su diagnóstico, el titular de la obra social de los colectiveros identificó tres factores centrales detrás del deterioro económico: la caída de los ingresos de los trabajadores, el aumento del costo de las prestaciones y el rol del Estado como garante del sistema de salud y su relación con los distintos actores. Según planteó, los aportes y contribuciones de los trabajadores en relación de dependencia disminuyeron en términos reales, tanto por la evolución de las remuneraciones frente al costo de vida como por la caída en la cantidad de trabajadores aportantes.
En el caso de la obra social que conduce, Fernández vinculó directamente esa situación con la crisis del autotransporte público de pasajeros, que, según señaló, fue reconocida por las propias empresas empleadoras y denunciada ante el Estado. La crisis económica de las empresas del sector se traduce, afirmó, en ceses de pago, concursos preventivos, quiebras y liquidaciones, mientras que las obras sociales mantienen la obligación de brindar las prestaciones de salud aun cuando los empleadores no hayan realizado los pagos correspondientes. La carta también cuestiona el mecanismo de financiamiento del sistema y señala que no existe una relación directa entre el ingreso de los trabajadores y los recursos que reciben las obras sociales en determinadas situaciones.
Medicamentos de hasta tres millones de dólares
Otro de los puntos centrales es el fuerte aumento de los gastos prestacionales, que según Fernández superaron notablemente la inflación. Como ejemplo mencionó el precio de los medicamentos y advirtió sobre tratamientos de altísimo costo que no están incluidos originalmente en el Programa Médico Obligatorio (PMO), pero cuya cobertura fue reconocida por la jurisprudencia. Señaló que existen tratamientos cuyo costo puede alcanzar entre uno y tres millones de dólares, con un impacto significativo sobre las finanzas de las entidades. A eso sumó la incorporación de nuevas coberturas mediante leyes especiales: reconoció su importancia, pero cuestionó que la responsabilidad de cubrirlas recaiga sobre las obras sociales sin fondos específicos suficientes. "Se deben atender principalmente con los recursos del sistema", planteó.
El poder de los prestadores
La nota también pone el foco en la relación entre las obras sociales y los prestadores privados. Según describió Fernández, existe una falta de control sobre los prestadores de servicios de salud, que tendrían margen para incrementar unilateralmente sus tarifas más allá de los valores originalmente estipulados. Sostuvo que la capacidad de negociación de cada obra social depende de su tamaño y que, en determinadas zonas geográficas, la falta de alternativas o de competencia puede dejar a las entidades frente a un único prestador, en una posición dominante que puede derivar en aumentos y situaciones abusivas. En ese punto reclamó una mayor intervención de la Superintendencia de Servicios de Salud, que cuenta con facultades para regular esas relaciones.
"El sistema ya no resiste más"
Fernández planteó que la crisis no queda circunscripta a las entidades administradoras, sino que impacta directamente sobre los trabajadores y sus familias. Si las obras sociales no consiguen satisfacer las necesidades de sus beneficiarios, advirtió, estos terminan recurriendo al sistema público de salud y trasladando allí una presión adicional. Aun así, destacó que las obras sociales sindicales siguen siendo elegidas por una parte importante de la población.
La presentación de la UTA se suma a las alertas que en los últimos días formularon otras organizaciones del sector. El 11 de septiembre, la CGT había advertido sobre la situación "crítica" de las obras sociales sindicales, con una brecha creciente entre los aportes que generan los salarios y el costo real de las prestaciones. Fernández cerró su nota con un reclamo directo: "Dejemos de no oír, de no escuchar, o por lo menos ataquemos el problema y entre todos saquemos adelante un sistema que así no puede seguir porque ya no resiste más".
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